Rodrigo Chaves, presidente de la República, cargará para siempre con que en su gobierno se vivieron los tres años más violentos de la historia de Costa Rica con 2.642 homicidios.
El 2025 cerró como el tercero más sangriento, con 856 homicidios, según estadísticas de la página del Poder Judicial, aunque esa cifra podría aumentar el próximo lunes, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dé a conocer los números oficiales.
La estadística refleja una realidad alarmante: en Costa Rica se asesinan, en promedio, 2,3 personas por día.
Al 2025 lo superan el 2023, con 906 homicidios, y el 2024, que cerró con 880, todos bajo la administración Chaves Robles. En contraste, en 2022 --el último de Carlos Alvarado-- se contabilizaron 656 asesinatos.
El pasado 2025 fue el año con más víctimas inocentes, con 83; en el 2024 fueron 54, en el 2023, 52 y en el 2022, 18. O sea, en estos tres años 189 personas perdieron la vida por problemas en los que no estaban metidos.
Según datos judiciales, los meses más violentos del año fueron marzo, julio y octubre, mientras que diciembre se ubicó como el mes con menos homicidios. En cuanto a los días, los sábados y domingos concentran la mayor cantidad de asesinatos.
A nivel territorial, San José encabezó la lista como la provincia más violenta, con 289 casos, seguida de Limón, con 169; Puntarenas, con 127; Alajuela, con 98; Guanacaste, con 76; Cartago, con 62 y Heredia, 35.
Los distritos con mayor incidencia fueron Carrandí de Matina, en Limón; Pavas, Hatillo, San Felipe y Merced, en San José y Quepos, en Puntarenas.
En este contexto, el OIJ advierte que la violencia no da tregua y no se pueden bajar los brazos.
Crimen no distingue fechas
El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, hizo un balance de los homicidios registrados en los últimos días, señalando que la violencia asociada al crimen organizado y al narcotráfico se mantuvo activa tanto al cierre del 2025 como en el inicio del 2026, sin distinguir fechas festivas.
Muñoz detalló que el 31 de diciembre se registraron tres homicidios en distintos puntos del país. Uno de los casos ocurrió en Esparza de Puntarenas, donde la víctima fue una mujer de 33 años que, según la investigación preliminar, se encontraba en un sitio donde presuntamente se vendían drogas. Al lugar llegaron varios sujetos armados y la mujer habría sido una víctima colateral del ataque.
Ese mismo día se reportaron otros dos homicidios: uno en Villa del Mar de Limón, donde fue asesinado un hombre de 28 años, atacado por sicarios fuera de su vivienda; y otro en Agua Caliente de Cartago, donde falleció un joven de 23 años, aparentemente vinculado con el trasiego de drogas.
En este último caso, tras el homicidio, el OIJ realizó un allanamiento en el que se decomisó droga y un arma de fuego, lo que refuerza la hipótesis de un crimen relacionado con narcotráfico.
“El crimen organizado no descansa. Para estos grupos es indistinto si se trata de un día festivo o no; su objetivo es mantener el control de sus territorios”, explicó Muñoz.
Pero si la cifra de cierre para el 2025 no es dolorosa, el arranque del 2026, no es reflejo de un buen augurio, ya que empezamos con un triple homicidio en Linda Vista de La Unión, Cartago, un hecho que el OIJ calificó como poco usual para esta época del año.
Pésimo ránking
El abogado y experto en seguridad Rogelio Ramírez advierte que el problema de la violencia en Costa Rica va mucho más allá del aumento anual de homicidios.
Señala que, en apenas cuatro años, el país escaló 14 posiciones en los índices globales de criminalidad, con un crecimiento significativo en diversas modalidades delictivas.
Ramírez sostiene que el aumento de la criminalidad no puede explicarse por una sola causa, sino por una convergencia de factores estructurales. Entre ellos menciona la fragmentación del Estado, la desarticulación institucional, la dispersión de esfuerzos y el abandono de políticas públicas preventivas.
A esto se suman la pérdida de control territorial, la debilidad en la inversión en seguridad, investigación criminal y justicia, así como una deriva legislativa que, lejos de aportar soluciones, termina siendo aprovechada por los grupos criminales.
El especialista subraya que cerca del 70% de los homicidios están vinculados al narcotráfico, lo que demuestra la capacidad de adaptación y expansión del crimen organizado cuando no enfrenta una respuesta integral del Estado.
Advierte que apostar únicamente por la represión es una estrategia poco eficaz y de corto alcance, y que la verdadera seguridad debe construirse desde la prevención, la cultura y una acción institucional coordinada.



