EscucharLa detención de una funcionaria de Migración que, en apariencia, habría cometido irregularidades para permitir el ingreso de un sujeto que estaría vinculado a un peligroso grupo terrorista, podría destapar algo mucho más oscuro.
El caso salió a la luz este miércoles, cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción dirigió tres allanamientos y ordenó la detención de una oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería, apellidada Barquero, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
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Según el Ministerio Público, la mujer figura como sospechosa de los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático.
“De acuerdo con la investigación, la funcionaria habría facilitado y simulado el ingreso formal al país de un extranjero que se encontraba en condición migratoria irregular. Según informes de inteligencia, el sujeto tiene un perfil de alta peligrosidad y estaría vinculado con una organización terrorista internacional”, indicó la Fiscalía.
Lo más preocupante del caso es que, según las autoridades, detrás de este hecho podría haber una red delictiva y no se descarta que la sospechosa pudiera formar parte de esta.
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“La Fiscalía señaló que la investigación también busca desarticular la estructura criminal que podría estar operando detrás de este caso y prevenir futuros ingresos irregulares que amenacen la estabilidad nacional”.
La autoridades investigan si la imputada alteró los sistemas informáticos públicos, insertó datos falsos y selló de manera irregular el pasaporte del implicado, evadiendo las alertas del control migratorio costarricense, obligatorias para cualquier persona que pretenda ingresar al territorio nacional.
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“El Ministerio Público le tomará declaración indagatoria a la funcionaria y posteriormente la presentará ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en el Segundo Circuito Judicial de San José, donde solicitará la imposición de medidas cautelares”.
En cuanto al extranjero, este permanece detenido a la orden de las autoridades migratorias, que tramitan la cancelación de su estatus migratorio.
