Una mujer de apellidos Mejías Solórzano cayó en manos de las autoridades ya que es sospechosa de haber intentado sobornar a un juez de San Ramón de Alajuela para quitarse de encima un juicio.

De acuerdo con la investigación, en apariencia Mejías le habría pedido a una funcionaria judicial que le consiguiera el nombre del juez para tratar de arreglar con él.

“Supuestamente le realizó un gesto que era como para ofrecerle dinero y así obtener un beneficio en el proceso que se seguía en su contra”, señala el boletín de prensa judicial.

Sin embargo, la funcionaria judicial informó de inmediato a sus superiores sobre las supuestas intenciones de la mujer y estos dieron aviso a los agentes judiciales de la Unidad de Anticorrupción de la Sección de Fraudes del OIJ de San José, quienes confirmaron la situación.

La mujer fue arrestada el martes anterior a las 2:40 de la tarde, cuando estaba en la audiencia en la que figuraba como imputada (por la que al parecer quería hacer el soborno).

Ese mismo día, a solicitud de la Fiscalía, el Tribunal Penal de San Ramón le impuso la medida cautelar de prisión preventiva hasta el próximo martes 2 de julio.

Por este hecho ahora la acusan del delito de penalidad del corruptor (sobornar a un funcionario).

Pero, ¿cuál es el caso por el que habría querido pagar para evadir a la justicia? Resulta que la mujer y su esposo, de apellidos Mora Vega, son acusados de administración fraudulenta y estafa.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante el 2007 y 2015, la mujer estuvo trabajando en Costa Rica como agente intermediaria de un banco internacional, con sede en Miami, al parecer durante esos años metió mano en las cuentas de una extranjera que vivía en San José y tenía dinero invertido en esa entidad bancaria.

“En apariencia, Mejías aprovechó la confianza de la ofendida para alterar documentos, haciendo parecer que la víctima los había autorizado y firmado”, explicaron en la oficina de prensa de la Fiscalía.

Mejías es señalada por supuestamente hacer transferencias desde las cuentas de la ofendida hasta las de su esposo y así habrían logrado apropiarse de ¢200 millones.

El juicio por este primer caso seguirá el martes 2 de julio.