Dos miserables de apellidos Campos Brenes y Palma Flores, de 25 y 26 años, respectivamente, fueron detenidos como sospechosos de secuestrar a un vendedor de planes funerarios, apellidado Machado y de 37 años.

Eso sí, fueron tan considerados con la familia de Machado que a cambio de liberarlo, “tan solo” pidieron ¢75 mil, monto que se convirtió un martirio para los humildes parientes del pulseador.

La Policía Judicial detuvo ayer a Campos por medio de un allanamiento a su casa ubicada en el sector de Puente Negro, en el barrio La Guaria de Siquirres, Limón. Esa misma vivienda fue usada para retener a Machado durante casi un día,

Palma fue capturado este jueves cuando caminaba por esa localidad. El OIJ confirmó que además de estar embarrado en el secuestro extorsivo, contaba con una orden de captura con una sentencia de 7 años de cárcel por el delito de venta de drogas.

Extraño secuestro

El OIJ detalló que los hechos por los que ambos hombres son investigados iniciaron a eso de las 11:30 de la mañana del pasado lunes 4 de enero, cuando Machado llegó a la casa de Campos con la esperanza de venderle un plan funerario o un aromatizante para su vivienda.

“Aparentemente Campos le dijo que entrara a su casa, pues le quería comprar uno de sus productos, pero una vez adentro Campos y Palma, quien también estaba en la vivienda, privaron de libertad a la víctima”, señaló la oficina de prensa del OIJ.

Los sospechosos, en apariencia, obligaron al vendedor a llamar a sus familiares para decirles que lo tenían secuestrado y que debían entregar ¢75 mil a cambio de que lo soltaran.

“Aparentemente uno de los sospechosos hasta le brindó una cuenta bancaria a los familiares de Machado para que les depositaran el dinero, pero como estos no pudieron hacerlo, los sujetos les enviaron a otras personas a la casa de la familia para que recogieran el dinero”.

Aunque el pago se realizó el 4 de enero, Campos y Palma no liberaron a Machado, por lo que el vendedor tuvo que ingeniárselas para escapar de la casa pasadas las 7 de la mañana del 5 de enero, día en el que el afectado presentó la denuncia ante el OIJ.