Sucesos

Diputados aprobaron en segundo debate Ley de Justicia Restaurativa

Padres de jóvenes asesinados no fueron escuchados

Los diputados aprobaron la noche de este lunes en segundo debate la Ley de Justicia Restaurativa, que pretende sentar a negociar a las víctimas, ofensores y al Ministerio Público para evitar ir a juicio.

La aprobación de la ley se dio a pesar de algunos puntos negativos que habían señalado la fiscala Emilia Navas; el jefe de la Oficina de Atención a la Víctima, Roger Mata, y los padres de varios jóvenes asesinados que habían luchado por la creación de la Oficina para la Protección de Víctimas y Testigos y cuyo presupuesto se vería afectado porque establece que de ahí saldra el dinero para esa nueva Unidad.

Otra de las preocupaciones por dicha ley es que específica que las agresiones contra las mujeres no se pueden resolver por la vía de la justicia restaurativa, pero en otros artículos posteriores dice que esa Unidad atenderá a las víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales. Un solo fiscal atendería víctima y a ofensor a la vez.

Además, el artículo 6 del proyecto señala que una dirección determinará las tareas del Ministerio Público en cuanto al programa de justicia restaurativa por lo que se ve en juego la independencia con la Fiscalía.

La votación de este lunes se dio en una sesión extraordinaria de la Comisión Plena Primera, 18 diputados votaron a favor y solo uno en contra, Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN)

El grupo de padres de jóvenes asesinados llegó a la Asamblea con el fin de rogar ser escuchado antes de que se diera la votación, pero no se les permitió hablar en la sesión. Ellos iniciaron una lucha porque son quienes consiguieron que el presupuesto para la Oficina de Atención y Protección de Víctimas del Delito (sale de un impuesto a certificados de moneda extranjera)

La idea de no recibir a los papás de los muchachos fue apoyada por los diputados de Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Restauración Nacional y el Frente Amplio, que querían votar de un solo.

A algunas de las diputadas les molestó no recibir a los padres de los muchachos, como de manera privada en su momento se recibió a la fiscala general y a la magistrada Doris Arias, quien propuso el proyecto de ley.

"No nos quisieron ni escuchar, cada vez este país está peor, sigamos alcahueteando a los delincuentes ya nuestros hijos pagaron, ya no sabemos qué va pasar con nuestra Costa Rica", dijo Carlos Rojas, a quien le asesinaron en el 2006 a su hijo de 17 años para robarle un nintendo y ¢800 mil.

Está ley se puede aplicar en casos donde no haya violencia grave, en casos de maltrato animal, delitos culposos, hurtos, lesiones leves, conducción temeraria y estafas menores. El ofensor deberá realizar trabajo comunitario, donaciones o incluso terapia para dejar las drogas o el alcohol.

La ley pretende evitar ir a un juicio costoso para el Estado y ofrecer medidas alternativas en que la víctima esté de acuerdo.

El temor del Ministerio Público y de instituciones como el Inamu es que, según lo escrito en dicha ley, los agresores de mujeres podrían optar porque se les otorguen medidas restaurativas.

Este lunes por la tarde, ante la posibilidad de que el proyecto se aprobara, la fiscala general anunció que tomará acciones para evitar que la ley se ponga en práctica.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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