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Los diputados y exlegisladores que fueron visitados por tres supuestos miembros de una poderosa banda narco, que al parecer enviaba cocaína a Europa, tendrán que rendir cuentas sobre esas reuniones.
Así lo decidió la comisión especial de penetración del narcotráfico en la zona sur y partidos políticos, la cual aprobó investigar las 30 visitas que los tres sospechosos realizaron a 13 despachos de la Asamblea Legislativa.
La moción fue presentada la mañana de este martes por Luis Ramón Carranza, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC). Aún no se ha definido cuándo se realizarían las comparecencias.
“Es importante, para esta investigación, conocer y contrastar las versiones de lo ocurrido en las presuntas reuniones, que los participantes de estas puedan explicar bajo juramento en este foro”, explicó Carranza en el documento.
Los actuales diputados que tendrán que comparecer ante esta comisión especial son Óscar Cascante (PUSC), Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional), Erwen Masís (PUSC), Mileyde Alvarado (Restauración Nacional), Ivonne Acuña (independiente) y Zoila Volio (independiente).
Los diputados del período 2014-2018 llamados a comparecer son: Natalia Díaz (Movimiento Libertario), William Alvarado, Humberto Vargas Corrales, Johnny Leiva y Gerardo Vargas (todos del PUSC), y Olivier Jiménez (PLN).
Ante la comisión también se tendrá que presentar Magaly Camacho, jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa, para explicar con detalle los protocolos que se siguen a la hora de permitir el acceso de personas particulares a los despachos de los legisladores.
Además, irán Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera, dos de los tres investigados por el OIJ, quienes visitaron a los legisladores mencionados.
En esos encuentros también participó Luis Guillermo Cartín Herrera, quien era investigado por la Policía Judicial, pero él falleció el pasado 6 de mayo, aparentemente por covid-19.
Trascendió que en esas reuniones los sospechosos, al parecer, buscaban ayuda para agilizar los trámites de dos iniciativas que manejaban: un proyecto de viviendas de bien social en Puntarenas y la construcción de lujoso complejo turístico en Portete de Limón, al cual iban a llamar Beitos Place, valorado en $12 millones.
