Wálter Espinoza, director del OIJ, dijo que se ha vuelto muy común que grupos narcos “compren” a funcionarios públicos, de todos los poderes de la República, con el fin de obtener beneficios y favores a cambio.

“Es sumamente usual que las organizaciones criminales destinen partes de sus esfuerzos y ganancias a acercarse a funcionarios públicos de toda naturaleza para obtener ventajas en todos los planos que requieran.

“Desde el policía de menor rango que participa en un retén hasta eventualmente una persona vinculada con el poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo que le podría dar más ayuda en otros planos”, detalló.

Esa declaración la dio la mañana de este martes durante la comparecencia que tuvo ante los diputados que conforman la Comisión investigadora sobre la penetración del narcotráfico en la zona sur, la cual está llegando a su final sin tener mayores resultados.

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Trabajan con las uñas

Espinoza también explicó que existen estructuras criminales bajo investigación, específicamente en la zona sur, y destacó que hay una carencia muy grande de investigadores en esa región, la cual es demasiado extensa, lo que facilita el tráfico de drogas y otros delitos.

Señaló que para cubrir los cantones de Pérez Zeledón, Corredores, Golfito, San Vito, Buenos Aires y Osa cuentan solamente con 79 investigadores, que en tiempo efectivo son la mitad, pues tienen que garantizar 24 horas de trabajo, los 365 días del año y tomar en cuenta sus periodos de descanso.

“La fuerza que tenemos en el lugar es muy poca y cada uno tiene que cubrir 120 kilómetros cuadrados. La presencia de la Policía Judicial es muy débil y es lo común incluso en otras policías”, dijo.

Reformas legales

Espinoza también aprovechó su visita a la Asamblea Legislativa para referirse a una serie de reformar legales que los diputados podrían promover y que ayudarían mucho al OIJ.

Entre esas propuestas dijo que se requiere la posibilidad de hacer intervenciones telefónicas en delitos de homicidio (muchas veces relacionados con delincuencia organizada), feminicidios y desapariciones que, también en ocasiones, se relacionan con el narco.

También aseguró que es urgente autorizar el acceso al OIJ y al Ministerio Público a las bases de datos de la Unidad de Intervención Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para agilizar las investigaciones sobre lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.

Otra reforma menor, pero muy importante que también mencionó, es la de impulsar un proyecto para que los carros del OIJ no aparezcan en el Registro Nacional de la Propiedad a nombre del Poder Judicial, pues esto entorpece las investigaciones.