EscucharPropiedades, vehículos de alta gama, hoteles, fincas ganaderas y hasta un redondel de toros forman parte del millonario patrimonio que las autoridades vinculan con la organización liderada por Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.
Durante los allanamientos realizados este martes como parte del caso Riverside, el OIJ logró identificar decenas de bienes que ahora son objeto de investigación.
Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que inicialmente las propiedades localizadas tienen un valor registral cercano a los ¢2.600 millones, aunque esa cifra podría aumentar considerablemente una vez que se realicen los peritajes correspondientes.
“Vamos a tener que hacer algún tipo de peritaje forense para establecer el valor de las propiedades. Hemos logrado identificar 84 bienes inmuebles y 106 vehículos, entre los cuales hay de alta gama y vehículos pesados”, manifestó Soto.
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Un patrimonio que podría superar los ¢10.000 millones
De acuerdo con las autoridades, los bienes localizados incluyen seis hoteles en el Caribe Sur, un restaurante, un redondel de toros, un gimnasio, una cancha de fútbol cinco y cuatro viviendas destinadas al alquiler mediante plataformas digitales.
Además, las residencias ocupadas por algunos de los sospechosos contaban con comodidades como piscinas y amplias zonas recreativas.
“De acuerdo con lo que podríamos ver preliminarmente, podría rondar los ¢10.000 millones”, agregó Soto sobre el valor total estimado de los bienes.
Soto señaló que Pecho de Rata lideraba un cartel de drogas en el Caribe Sur de Costa Rica. Un cartel de drogas es una organización estructurada y financiada.
Fincas ganaderas bajo investigación
Como parte de las diligencias también fueron allanadas seis fincas ganaderas donde las autoridades pretenden decomisar cerca de 300 cabezas de ganado o hasta más.
En total, el operativo abarcó 141 estructuras ubicadas en 96 propiedades distribuidas en distintas zonas del país.
El director del OIJ indicó que ahora coordinarán con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para determinar la capacidad de administrar los bienes que eventualmente sean decomisados durante el proceso judicial.
