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El estado tendrá que pagar una suma millonaria a la familia de dos policías que fueron asesinados por un compañero mientras estaban trabajando.
Así lo estableció el Tribunal Contencioso Administrativo en el expediente: 21-001958-1027-CA.
Los oficiales fallecidos son Jonathan Zúñiga Arguedas de 25 años y Vianey Vásquez Molina, de 30.
“Se declara la responsabilidad civil del Estado con relación a los daños ocurridos en el sector de Carrizal de Pocosol, entre las 00:00 horas y las 01:15 horas de los días 25 y 26 de mayo del 2019, en donde el oficial…. Méndez utilizó su arma de fuego para acometer, con clara intención homicida, en contra de sus compañeros …. Arguedas y …. Vásquez Molina, ocasionándoles lesiones que les causaron la muerte. 2) Se condena al Estado al pago de una compensación económica por daño moral”, detalla la sentencia.
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El licenciado Rafael Rodríguez Salazar es el representante de las familias de los oficiales, el tema del monto no se dio a conocer por seguridad.
“La compensación económica es una suma importante, que los familiares de cada grupo familiar, madres y padre, así como hija de los fallecidos, podrán utilizar para solventar las necesidades que como dependientes de los fallecidos tenían”, dijo Rodríguez.
Entre la justificación del tribunal para condenar al Estado, está que los daños ocasiones se perpetraron con un arma que se le dio a Méndez como funcionario.
“En estos supuestos, la responsabilidad se produce porque la administración, para el cumplimiento de sus funciones, crea un riesgo y expone a las personas y bienes ajenos a algún tipo de peligro, lo que la obliga a responder por cualquier daño que se cause, con o sin ocasión del cargo, siempre que se ocasione utilizando las oportunidades o medios que se ofrece, no limitándose a los fines propios de la administración, sino también responde por aquellos actos que sean extraños a dicha misión”, detalla la sentencia.
Las familias de los oficiales han sufrido un gran impacto psicológico y emocional.
Para establecer el monto se tomó en cuenta la pérdida de los oficiales, la pérdida del apoyo y sostén económico y emocional y el impacto emocional presentado por las circunstancias que mediaron en los hechos del suceso.
“En el juicio que se llevó a cabo y que determinó lo sentenciado, se logró demostrar, contrario a lo indicado por la Procuraduría General de la República, la responsabilidad indicada. Deberá el Estado pagar el monto otorgado, interés, indexación y costas del proceso”, detalló el abogado.
La desgracia ocurrió en El Concho de Pocosol, en San Carlos de Alajuela.
Al principio se manejó el caso como un accidente de tránsito, ya que a la 1:22 a. m. un grupo de oficiales que realizaba un recorrido de rutina ubicó la unidad policial en la que viajaban los fallecidos volcada a un lado de la vía.
Los tres oficiales ya estaban fallecidos, pero cuando llegaron los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se percataron de que los oficiales tenían heridas de bala.
Las investigaciones determinaron que Vianey y Jonathan iban como conductor y acompañante, respectivamente, cuando fueron atacados por Viarney Vásquez Molina (30). El caso se concluyó que fue un homicidio- suicidio.
