Falsas monjas habrían viajado y comprado terrenos con dinero destinado a ayudar a niños y viejitos

Las cuatro mujeres que, al parecer, se hacían pasar por monjas en la Fundación Manos Abiertas, la cual fue allanada este martes por las autoridades, habrían usado parte de los fondos que recibían para atender a niños y adultos mayores para comprar propiedades y realizar viajes personales.

Así lo dio a conocer Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la cual señaló que estas personas, que fueron detenidas junto a un hombre, habrían dado un uso diferente a los dineros que recibían de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), la Junta de Protección Social (JPS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En cinco años, la fundación recibió más de ¢6.500 millones de fondos públicos.

“En el expediente penal se investiga al grupo de personas que, al parecer, se ha dedicado a cometer delitos de corrupción para sustraer y desviar dinero público, en efectivo, con el fin de realizar viajes personales y comprar terrenos. Presuntamente, los sospechosos le dieron apariencia de legitimidad a esos fondos, a pesar de que conocían que su origen era producto de actividades ilícitas”, detalló el Ministerio Público.

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Los sospechosos son cuatro mujeres de 54, 52, 44 y 39 años, además a un hombre de 52 años. Según Natalia Villalta, fiscal adjunta de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, las cuatros mujeres se hacían pasar por monjas, incluso una de estas decía ser la “madre superiora”.

“Es una estructura conformada por cinco personas, de las cuales cuatro son mujeres que se autodenominan monjas, porque de acuerdo a la investigación se determinó que no tenían las ordenanza de la Iglesia católica para ejercer esa función; sin embargo, lo usaban como mampara para recaudar más fondos de terceras personas para la fundación”, explicó Villalta.

Este martes se realizaron tres allanamientos, uno en la casa de uno de los investigados y en las sedes de la organización en Alajuela y Cartago.

Además del desvío de los fondos públicos, estas personas son investigadas por supuestos hechos de agresión y tortura en perjuicio de los menores de edad y supuestamente la explotación laboral de mujeres a las que engañaron diciéndoles que se convertirían en monjas, esto para no pagarles por sus servicios.