El fiscal de apellido Amador, que fue amonestado por escrito por olvidar pedir una ampliación de la prisión preventiva contra la banda de Los Lara, lo que dejó libres a sus miembros, renunció a su trabajo el mismo día que las autoridades judiciales capturaron de nuevo al grupo, el pasado 10 de mayo.

Así lo confirmó el Ministerio Público tras una consulta de La Teja este miércoles 25 de mayo.

“De acuerdo con la Unidad Administrativa del Ministerio Público, el señor Amador comunicó su renuncia el 10 de mayo anterior, por lo que el 12 de mayo venció su nombramiento. El motivo y el documento de la gestión forman parte del expediente personal, lo cual no es público. Por esa razón, no es posible brindar mayores detalles”, informó por medio de la oficina de prensa.

Los Lara son una banda del sur de San José, integrada por varios miembros con ese apellido, quienes son sospechosos de venta de drogas.

La primera vez que los detuvieron fue en el 2018 y les recetaron prisión preventiva, pero al fiscal se le olvidó pedir la ampliación de esa medida y en marzo del 2021, apegados a la ley, sus abogados solicitaron que los dejaran en libertad y así ocurrió.

Eso sí, por ese caso tienen que ir a juicio del 2 de enero al 23 de abril del 2023, en los tribunales de Pavas.

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La liberación de los sospechosos provocó que la entonces fiscala general, Emilia Navas, solicitara una investigación interna contra el fiscal.

Tras la torta, Amador pasó de bretear en la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a ser fiscal auxiliar en la Fiscalía de Turrialba, así lo confirmó la Unidad Administrativa del Ministerio Público.

Falló a sus deberes

La Inspección Judicial investigó a Amador bajo el expediente 21-001109-0031-DI. La Teja tiene una copia de la sentencia, en la que se decidió amonestarlo solo por escrito como consecuencia de su olvido.

“Los hechos constituyen una infracción a los deberes propios del cargo de fiscal, lo cual conforma una falta grave que necesariamente debe ser sancionada conforme el numeral 195 de la Ley en mención (Ley Orgánica del Poder Judicial), que impone a las faltas graves una sanción que va desde una amonestación escrita a dos meses de suspensión sin goce de salario. Se considera razonable y proporcional imponer al aquí investigado el extremo mínimo de la sanción legalmente procedente, por lo que se le sanciona con una AMONESTACIÓN ESCRITA”, se lee en el documento.

“Estima este tribunal disciplinario que no median motivos para declarar la presente causa sin lugar, debido a que su comportamiento como servidor judicial debe ser intachable y ejemplar, orientado a respetar los valores y principios institucionales. Cabe recordar que la medida disciplinaria tiene como objetivo generar en la persona sancionada una actitud reflexiva sobre su actuar y la trascendencia de las consecuencias de su comportamiento”, añade.

En el documento también se dice que una de las compañeras de Amador aseguró que se habría tratado de una confusión en el plazo, porque el fiscal en un momento había pedido seis meses de prisión preventiva para Los Lara, pero solo les dieron tres, entonces que eso sumado a las recargas de trabajo, habrían provocado el enredo.

“Casi le da algo (al fiscal), ya que sabía lo importante que era que estas personas continuaran detenidas”, señala el expediente, en el que además los compañeros aseguran que eso le provocó estrés, dificultad para dormir, pérdida de peso y hasta que estuviera muy desanimado.

Esa vez, las medidas vencieron el 11 de marzo del 2021 por lo que los sospechosos salieron en libertad un día después.

“Llama poderosamente la atención de quienes integran este órgano disciplinario que, pese a que aquella Cámara de Apelaciones aplicó la herramienta procesal denominada Prisión Preventiva Instrumental, esto es, la imposición de una prórroga de prisión preventiva de corto tiempo para atender la solicitud de la defensa consistente en que se celebrara una audiencia para ejercer los derechos de sus representados, y prorrogó la prisión preventiva por cinco días, el aquí encausado (fiscal) no aprovechó ese tiempo concedido y al momento de la audiencia oral, justificar la presentación tardía de la solicitud de prórroga extraordinaria limitándose a manifestar que si bien la prisión preventiva vencía el día 11 de marzo de 2021, ya para el día 12 de ese mismo mes y año había una orden judicial que disponía la privación de libertad de los investigados. Es decir, aún y cuando el encausado tuvo tiempo para enmendar su error y justificar la tardanza de su solicitud, no lo hizo”, dice el documento.

En esta segunda detención, nueve de ellos descuentan un año de prisión preventiva, o sea, hasta el 10 de mayo del 2023 y dos mujeres están en arresto domiciliario con monitoreo electrónico por el mismo tiempo.