Sucesos

Fiscalía acusa al expresidente Óscar Arias por el caso Crucitas

Exmandatario es sospechoso por el delito de prevaricato por haber firmado un decreto que declaró de interés público el proyecto minero

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La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, presentó una acusación penal contra el expresidente de la República Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), por el caso Crucitas.

Navas dice que el exmandatario es sospechoso de un aparente delito de prevaricato, que consiste en que un funcionarios público con poder toma una decisión a sabiendas de que es injusta o contraria a la ley.

El supuesto delito lo habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto de minería Crucitas.

En esa oportunidad se alegó que la explotación de oro traería “varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y al Gobierno Central”. Así consta en el mandato presidencial número 34801-MINAET.

Esa mina a cielo abierto se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos y estaba en manos de la empresa canadiense Industrias Infinito. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anular la concesión, a finales de noviembre del 2010.

Con su firma en ese decreto, Arias habría dictado una resolución contraria a la ley, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.

Informaron al abogado del Estado

Según informó la oficina de prensa del Ministerio Público por medio de un correo electrónico, la acusación fue firmada este martes. Mientras que este miércoles se informó a la Procuraduría General de la República (PGR), en su condición de abogado del Estado.

“La Fiscalía General confirmó que, efectivamente, hoy se comunicó a la Procuraduría la acusación contra el señor expresidente, por el caso conocido como Crucitas”, detalló el comunicado.

Ahora la Procuraduría decidirá si presenta una querella (acusación particular) y una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para reparar al Estado el daño que se haya provocado.

Para ello, esa institución tiene 13 días, a partir de este jueves, para presentar la querella y la acción civil, pues concluido ese plazo “la Fiscalía General enviará la acusación, con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José".

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