La fiscal Andrea Murillo se fue de una vez a los tobillos, ya que durante la lectura de la acusación en contra del exsacerdote Mauricio Víquez comentó que el cura le habría ofrecido dinero al menor para que no le contara a nadie sobre los abusos sexuales a los que fue sometido.

Lo anterior ocurrió este lunes 24 de enero, en los Tribunales de San José.

Los hechos ocurrieron entre julio y setiembre del 2003 cuando el menor tenía 11 años (hoy tiene 30 años) y era monaguillo de la iglesia San Juan Bautista de Patarrá, en Desamparados.

En la acusación, la fiscal detalló tres hechos concretos que ocurrieron y que fueron denunciados por la víctima en octubre del 2018.

En la primera situación se indica que el menor era quien se encargaba de la limpieza del templo por lo que Víquez lo citó para aparentemente pagarle por el trabajo, pero ese día supuestamente le pidió que se quitara la ropa para revisarle una cicatriz.

“El encartado consiguió que el ofendido se bajara el pantalón y le tocó los glúteos”, dijo Murillo, quien aseguró que luego el hombre le observó las partes íntimas al menor.

La siguiente situación se dio tres días después cuando el excura le dio dinero al menor para que pagara el recibo de luz de su vivienda.

“Estaban hablando en la iglesia de Patarrá y lo llevó a su habitación, le dijo que se sentara en una silla, le entregó una suma de dinero y le dijo que necesitaba un masaje, le puso aceite en las manos (al menor) y le dijo que lo tocara en el pecho por debajo de la ropa”, acusó la fiscal.

Ese día, se da un supuesto abuso sexual y el sospechoso se masturbó.

El tercer hecho se da días después cuando el excura volvió a llevar al chiquito a su habitación, le ofreció dinero y aparentemente se dio otro abuso y violación.

La fiscal le reclamó al sacerdote durante la acusación, ya que el menor era hijo de una familia creyente, con una baja condición social y económica, y que, además, su familia le tenía confianza, por lo que abusó de su relación de poder y su condición como sacerdote en ese momento.

La fiscal señaló a Víquez como sospechoso de dos delitos de abuso sexual contra menor de edad, dos delitos de violación calificada y un delito de corrupción agravada.

El abogado querellante Rafael Gullock coincidió con respecto a los delitos de la acusación.

Víquez se negó a declarar durante el debate, sin embargo, podría hacerlo en cualquier momento.

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El juicio contra el exsacerdote estaba programado para iniciar este lunes a las 8 de la mañana en los tribunales de Desamparados, pero la sala es muy pequeña, y se deben cumplir con las medidas sanitarias por la situación que vive el país con el covid-19, por lo que se tuvo que trasladar a San José.

El abogado de Víquez, Rafael Rodríguez, aseguró que su cliente se encuentra muy tranquilo.

“Está muy optimista. Hemos ido venciendo paso a paso cada una de las situaciones que se han presentado”, dijo Rodríguez, en las afueras de los tribunales.

Además, el abogado de la víctima, Rodolfo Alvarado, aseguró que su cliente tiene grandes expectativas de que se haga justicia.

“Está muy lleno de expectativas (su cliente) de que después de tantos años se pueda hacer justicia, que se pueda realmente castigar a una persona que le hizo tantísimo daño de carácter físico y moral”, dijo el abogado del afectado.

El defensor aseguró estar muy preocupado por el futuro de los otros tres casos y de la posibilidad de que queden impunes.

Otros tres jóvenes también denunciaron los supuestos abusos, pero el Tribunal Penal de Desamparados indicó que sus casos estaban prescritos por lo que según el abogado de los afectados, Rodolfo Alvarado, estas se encuentran en apelación.

El tribunal estará integrado por los jueces Willy Escalante, Luis Alberto Venegas y Henry Castro y hay nueve personas citadas como testigos, el debate seguirá este jueves con la declaración del afectado.

Antecedente

Víquez quien tiene 57 años, salió del país el 7 de enero del 2019 luego de enterarse de la denuncia penal que presentó Alvarado.

El OIJ encontró a Víquez en México luego de rastrear el celular que usó para crear varios perfiles falsos en redes sociales que usaba para seguir en contacto con sus allegados en Costa Rica.

El 18 de agosto del 2019 fue capturado por las autoridades mexicanas en San Nicolás de la Garza, Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Luego de permanecer un año y nueves meses detenido en México fue extraditado a Costa Rica el jueves 6 de mayo del 2020.

Actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Pérez Zeledón.