La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que el 29 de junio recibió una denuncia por el presunto delito de prevaricato, al parecer, en contra de una de las juezas que llevó el caso Cochinilla para las medidas cautelares.
Sin embargo, este detalle no fue confirmado.
Prevaricar es que un funcionario falte, de manera consciente, a los deberes a los que le obliga el cargo o tomar una medida o decisión injusta sabiendo que lo es.
El artículo 367 del Código Penal establece que: ‘Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión”.