Al menos tres funcionarios públicos estarían ligados con la supuesta organización que lavaba dinero mediante ventas de lotería.
Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, confirmó que hay tres personas funcionarias de diferentes entidades estatales, que facilitaban la labor para el lavado de dinero.
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En apariencia, se trataría de funcionarios de la Junta de Protección Social (JPS) y del Banco Nacional (BN), que aunque no fueron detenidos, van a ser citados por el Ministerio Público.
A estos operativos se les conoce como Caso Tómbola y ya detuvieron a cinco mujeres de apellidos Durán, 64 años; Mora, 24 años; López, 43 años; y dos de apellidos Acuña, de 43 años y 51 años.
Además, tres hombres de apellidos Mora, 45 años; Durán, 62 años, y Salas, 30 años.
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Durante el desarrollo de los allanamientos se armó una balacera y los investigadores respondieron a los balazos. Tras el enfrentamiento murieron dos custodios de apellidos Pérez y Acevedo, ambos de 37 años.
“Se logró la detención de ocho de los sospechosos, que iban a ser detenidos efectivamente, y de un total de 18 imputados que se tendrían en la causa. El resto, aproximadamente, diez personas (entre estos los funcionarios públicos) serían citadas a la Fiscalía para que brinden declaraciones, y ya será la Fiscalía la que determine qué tipo de acciones va a tomar contra ellos”, señaló Muñoz.
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En estos allanamientos se decomisó una gran cantidad de dinero en una caja fuerte, también armas de fuego, conocidas como armas largas y documentos, entre otros.
La JPS señaló que colabora con las autoridades competentes, brindando su total disposición para contribuir con el proceso judicial en desarrollo.
“La JPS reafirma su compromiso absoluto con la ética, la legalidad y la transparencia en la función pública. Nuestra misión está centrada en el bienestar social y en la administración responsable de los recursos que gestionamos para apoyar a las poblaciones más vulnerables del país”, señalaron mediante un comunicado de prensa.