EscucharEl Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sería la institución más afectada por el recorte de ₡23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2026 que plantea el Ministerio de Hacienda.
La reducción deberá ser conocida por la Asamblea Legislativa mediante un presupuesto extraordinario y, según el Poder Judicial, podría afectar la persecución penal, las investigaciones contra estructuras de delincuencia organizada y el acceso a la justicia.
Del monto total, ₡9.536,3 millones corresponden al OIJ, precisamente cuando los agentes judiciales mantienen investigaciones y operativos contra organizaciones criminales en diferentes zonas del país.
El recorte también contempla ₡8.728,8 millones en administración y operación, ₡3.287,9 millones para juzgados y tribunales, ₡1.087 millones para la Defensa Pública, ₡558,1 millones para el Ministerio Público y ₡335,7 millones para Atención y Protección de Víctimas y Testigos. Otros ₡187,8 millones corresponden al Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
Poder Judicial cuestiona cálculo
Hacienda planteó la reducción con base en una estimación estadística elaborada con información disponible al 30 de junio de 2026 y patrones históricos de ejecución presupuestaria.
Sin embargo, el Poder Judicial advierte que esa proyección no refleja necesariamente cuánto dinero está realmente disponible para ser recortado, pues después de esa fecha continuaron contrataciones, adjudicaciones, compras y otros compromisos correspondientes al segundo semestre.
Un estudio técnico determinó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda tienen un disponible inferior al monto que se pretende rebajar.
Ante esto, el Poder Judicial analiza las acciones legales que correspondan. El tema será conocido con prioridad por la Corte Plena el lunes 24 de agosto.
Es un recorte adicional
La institución aclaró que los ₡23.722 millones son adicionales a los ₡13.242,08 millones que el Poder Judicial ya había acordado ceder el pasado 29 de junio, como parte de los esfuerzos para contribuir con la sostenibilidad fiscal del país.
También son diferentes de los ₡3.053 millones que Hacienda anunció recientemente que liberaría, correspondientes a las cuotas del III y IV trimestre de 2026, luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, presentara un recurso de revocatoria contra la retención.
El Poder Judicial señaló que el nuevo recorte podría afectar servicios del OIJ, juzgados y tribunales, Ministerio Público, Defensa Pública y atención de víctimas y testigos.
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La institución también aclaró que los depósitos judiciales no son recursos propios del Poder Judicial.
Ese dinero pertenece a las personas usuarias y está relacionado con procesos en los que se ordenaron embargos, retenciones u otras medidas. También incluye los recursos de pensiones alimentarias, que posteriormente son entregados a las personas beneficiarias.
Por esa razón, esos fondos no pueden utilizarse para financiar el funcionamiento de la institución.
El Poder Judicial también recordó que la Constitución Política establece que debe recibir al menos el 6% de los ingresos ordinarios del Estado. Actualmente, la función jurisdiccional —juzgados y tribunales— recibe el equivalente al 3,61%, según los datos suministrados por la institución.
El recorte deberá ser discutido ahora en la Asamblea Legislativa, mientras la Corte Plena analiza las acciones que tomará frente a la propuesta de Hacienda.
