Un recorte de ¢2000 millones en el presupuesto del 2024 del OIJ y el Ministerio Público hizo que los líderes de estas instituciones peguen el grito al cielo y adviertan que esta situación perjudicará aun más la seguridad de Costa Rica.
El director del OIJ, Rándall Zúñiga, dijo en conferencia de prensa este martes, que esta situación fue sacada de la manga por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y que esto simplemente perjudicará a los costarricenses.
“Es un derecho de todas las personas sentirse seguros en este país y en el momento que nos desniegan por una situación adsurda que Hacienda está tratando de sacarse de la manga para denegarnos a nosotros la posiblidad de tomar esos dineros me parece bastante grave”, dijo Zúñiga.
Estos dineros son usados para dotar de mayor equipo tecnológico a la Policía; sin embargo, se están quedando atrás mientras los delincuentes siguen avanzando en tecnología.
Zúñiga agregó que él ya “tiene por perdidos” los ¢2.000 millones, y teme que en los próximos años ocurra una situación similar, con aún más dinero involucrado.
El Programa de Protección a víctimas y testigos de la Fiscalía también es uno de los que se verá golpeado con esta baja del presupuesto.
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El Ministerio de Hacienda por su parte señala que el cambio de destino de recursos que solicita el OIJ modifica “completamente” el objetivo de la ley, que consiste en disponerlos para acciones inmediatas contra el crimen.
“La incapacidad de ejecución del OIJ, es lo que le impide invertir ¢2.000 millones en los programas para la atención inmediata de la criminalidad, fin último para los que fueron asignados”, explicó Hacienda.
Zúñiga también alegó que les recortan presupuesto y que el OIJ deberá seguir gastando en alquileres, rubro que les cuesta ¢135 millones al mes; agregó que el presupuesto les ayudaría a adquirir también un terreno y construir instalaciones fijas para el OIJ sin andar pagando alquileres.