Los días de Juan Carlos Bolaños, empresario del cemento chino, en la cárcel estarían contados.

Recibió un cambio de medidas cautelares que le permitirían volver a la comodidad de su casa mientras sigue siendo investigado.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Corte, indicando que esto se debe a que el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José resolvió este lunes cambiar las medidas de Bolaños debido a la lesión que tiene en la rodilla derecha y por la cual tendría que ser operado por segunda vez.

Entre las nuevas medidas para el empresario están el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, impedimento de salida del país con entrega de pasaporte, vigilancia de la Fuerza Pública y no comunicarse con testigos en la causa ni con funcionarios del BCR.

Las autoridades indicaron que Bolaños empezará a cumplir estas nuevas medidas luego de que sea operado. De momento permanece cumpliendo prisión preventiva en la cárcel del Adulto Mayor, en San Rafael de Alajuela.

Deteriorado

Fernando Vargas, abogado de Bolaños, indicó que el juez decidió cambiar las medidas de su cliente luego de analizar las pruebas que presentaron sobre el estado de la lesión que presenta en la rodilla.

“La operación de él tiene que realizarse en los próximos días porque se ha deteriorado muchísimo la condición de su pierna debido a los malos manejos que le ha dado Adaptación Social”, afirmó Vargas.

El abogado dijo que este cambio de medidas fue solicitado desde diciembre del año pasado.

Apelarán

Según se dio a conocer, el Ministerio Público brincó al darse cuenta de la decisión del Juzgado por lo que este mismo lunes apeló ante el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial.

Bolaños fue llevado a la cárcel del Adulto Mayor en setiembre del año pasado para que continuara con la rehabilitación que necesitaba luego de la operación de rodilla a la que había sido sometido en diciembre del 2017.

El empresario del cemento chino tiene más de año y medio en prisión preventiva.

Bolaños es investigado por haber recibido un crédito de $30 millones otorgado, en apariencia, de forma irregular por funcionarios del BCR. El empresario usaría ese dinero para importar cemento desde China.