Por el caso cemento chino-Banco Popular, Juan Carlos Bolaños y su esposa van a juicio

Juan Carlos Bolaños Rojas junto a su esposa, de apellidos Suárez Aguiar, y otras seis personas se sentarán en la silla caliente por el caso conocido como cemento chino-Banco Popular.

Así lo confirmó el Ministerio Público, luego de que el Juzgado Penal de Hacienda les notificara la resolución este miércoles a las 11:30 p.m.

Además de los esposos, los imputados son de apellidos Cortés Zúñiga, Rojas Segura, Bogantes Brenes, Gómez Barrantes, Thompson Camacho, Delgado Negrini y Arias Silesky.

La Unidad Especializada de la Fiscalía General solicitó que este caso se elevara a juicio en una audiencia preliminar que inició en setiembre anterior; sin embargo ya había acusado a los imputados desde febrero del 2020.

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública solo deberá señalar la fecha de inicio del sonado debate.

La investigación contra ellos empezó dede el 2017, cuando supuestamente los implicados habrían dirigido acciones contra los intereses patrimoniales de Hacienda y del interés público, a través de la apertura de una línea crediticia otorgada a la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, para importar y comercializar cemento chino.

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“En apariencia, los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron este producto financiero, a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago.

“La investigación permitió concluir que, presuntamente, los funcionarios públicos Bogantes y Gómez, en conjunto con Bolaños, habrían acordado ser socios comerciales en la venta de cemento importado de la República Popular de China, mientras se tramitaba el análisis y aprobación del crédito bancario. Además, se determinó que no se importó cemento con el dinero producto del crédito desembolsado por parte del Banco Popular”, informó la Fiscalía.

La Procuraduría de la Ética Pública estimó que los daños causados ascienden a ¢138 mil millones, por lo que presentaron una acción civil resarcitoria para solicitar el pago por el daño social.