Sucesos

Juez detenido por caso de banda de Diablo habría convertido su oficina en escenario de encuentros sexuales

El juez Valverde López es sospechoso de ayudar a la banda de Diablo

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La oficina de un juez del Poder Judicial en Pococí, que debía ser utilizada exclusivamente para cumplir con sus funciones, habría servido también como escenario de varios encuentros sexuales.

Así consta en la orden de allanamiento mediante la cual el funcionario fue detenido este martes 1 de setiembre.

Se trata del juez de apellidos Valverde López, de 58 años, quien, de acuerdo con el documento judicial del que La Teja tiene copia, habría utilizado su posición para hacer propuestas de índole sexual a mujeres que acudían al Poder Judicial, entre ellas abogadas que llevaban trámites y usuarias que requerían algún servicio de la institución.

Valverde se desempeñaba como juez coordinador del despacho desde el 9 de marzo de 2009, según consta en la investigación.

Dos jueces de Pococí de apellidos Valverde López, de 58 años y otro de apellido Ramírez, detenidos por el OIJ por ser sospechosos de ayudar a la banda de Diablo. Foto: OIJ
Dos jueces de Pococí de apellidos Valverde López, de 58 años y otro de apellido Ramírez, detenidos por el OIJ por ser sospechosos de ayudar a la banda de Diablo. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Uno de los primeros hechos señalados en el documento habría ocurrido el 20 de enero de 2026, cuando, presuntamente, el funcionario le hizo una propuesta indecorosa a una abogada de apellido Hernández.

Tres días después, el 23 de enero, Valverde habría tenido un encuentro sexual con una usuaria de apellido Rizo, dentro de su propia oficina judicial.

La oficina de un juez en Pococí habría sido usado para fines sexuales, señala la investigación del OIJ. Foto: Archivo GN/ Ilustrativa

La orden de allanamiento señala que el funcionario habría aprovechado las instalaciones y su posición para obtener un beneficio personal.

“El imputado Valverde utilizando la oficina judicial en beneficio propio y obteniendo una ventaja indebida procedió a tener relaciones sexuales con la señora Rizo, demostrándose un comportamiento ajeno a los fines del servicio público e incompatible con la dignidad, decoro y probidad exigibles a un juez de la República”, señala parte del documento judicial.

Según la investigación, los encuentros con Rizo no habrían ocurrido una sola vez.

El documento señala que el 6 y el 26 de marzo de 2026 nuevamente habrían tenido encuentros sexuales en la oficina del juez.

En el caso del 26 de marzo, además, las autoridades investigan que Valverde habría cobrado ¢26.614 por tiempo extraordinario de trabajo, mientras presuntamente se encontraba en su oficina manteniendo relaciones sexuales con Rizo.

La investigación también relaciona al juez con otro encuentro ocurrido dentro de su oficina.

Según la orden de allanamiento, el 3 de febrero de 2026 Valverde habría utilizado nuevamente las instalaciones judiciales para tener un encuentro sexual, esta vez con una mujer identificada como Gelen Magaly Arias Monge, de 46 años.

Arias Monge es hermana de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, uno de los sujetos vinculados con investigaciones por narcotráfico y crimen organizado.

Los señalamientos sobre el uso de la oficina para encuentros personales forman parte de una investigación mucho más amplia contra varios funcionarios judiciales.

Valverde fue detenido este martes junto con su novia, una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de apellido Rojas, de 38 años, y otro juez de apellido Ramírez.

Los hechos que se investigan habrían ocurrido entre 2023 y 2026 y estarían relacionados con el supuesto uso de los cargos que ocupaban los funcionarios para colaborar con una organización dedicada al narcotráfico, confirmó la Fiscalía.

Las autoridades investigan si los sospechosos habrían recibido dádivas a cambio de favorecer los intereses de la agrupación criminal y si, además, habrían desatendido sus obligaciones como funcionarios públicos.

Dentro de las conductas que se analizan también está el supuesto uso de oficinas y recursos institucionales para fines particulares.

A los sospechosos se les investiga por los delitos de procuración de impunidad, cohecho, penalidad del corruptor y peculado de uso.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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