EscucharUna investigación contra el juez de apellidos Valverde López puso bajo la lupa un movimiento patrimonial que, según el expediente, habría ocurrido mientras recibía un incentivo salarial de aproximadamente ¢70.000 mensuales por concepto de zonaje.
El zonaje es un incentivo económico que reciben algunos funcionarios del Poder Judicial cuando deben trabajar en una zona alejada de su lugar de residencia habitual. El objetivo es compensar los gastos adicionales que implica ese traslado, como hospedaje, transporte y el desarraigo familiar.
El expediente señala que Valverde López habría reportado como domicilio una dirección en Cinchona, pese a que distintas diligencias policiales apuntaban a que su residencia habitual estaba en Buenos Aires de Pococí.
En una comunicación intervenida, el propio juez habría reconocido que registró el domicilio en Cinchona porque “me convenía poner mi domicilio allá” para recibir el zonaje.
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Pero la investigación encontró otro elemento que llamó la atención: Valverde López donó a su esposa de apellido Rojas Víquez, investigadora del OIJ, la finca donde se encontraba la vivienda familiar en Buenos Aires de Pococí, quedando ella como única propietaria.
Según el expediente, una fuente confidencial había advertido que el juez supuestamente pretendía traspasar la propiedad a nombre de su esposa para realizar movimientos que le permitieran continuar accediendo al pago del zonaje.
Los investigadores posteriormente corroboraron que la donación efectivamente se realizó y consideraron relevante que el movimiento patrimonial coincidiera temporalmente con la vigencia del reconocimiento del beneficio.
La pesquisa incluyó consultas al Tribunal Supremo de Elecciones, información de Gestión Humana del Poder Judicial, verificaciones de campo y análisis de las radiobases de los teléfonos utilizados por ambos. Según el expediente, la mayoría de las activaciones telefónicas se concentraban en Guápiles y Buenos Aires de Pococí, mientras que eran mínimas en el lugar que Valverde López habría reportado como su domicilio real.
El expediente sostiene como hipótesis que el juez habría consignado información falsa en declaraciones juradas y trámites administrativos para obtener un beneficio económico que no le correspondía.
Los hechos forman parte de una investigación más amplia que involucra a funcionarios judiciales y personas relacionadas con el entorno de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
