Sucesos

Juez rechazó embargo de ¢45.000 millones para los investigados del caso Cochinilla

La Procuraduría justificó el reclamo por la afectación a la hacienda pública y el daño social ocasionado

Una solicitud de embargarle los bienes de manera preventiva a los investigados en el caso Cochinilla fue rechazada.

La petición la hizo la Procuraduría General de la República y el Juzgado Penal de Hacienda en Goicoechea fue el que dijo que no.

La decisión la tomó el juez Jean Carlo Monge Madrigal el pasado 24 de noviembre, pero fue notificada la mañana de este viernes a las diversas partes del proceso. La Procuraduría puede impugnar el fallo.

Monge consideró que la gestión no estaba fundamentada, pues no señalaba cuáles son los cargos que se les atribuyen a cada una de las personas investigadas.

La gestión de embargo preventivo la presentó la Procuraduría el 12 de noviembre, mediante un escrito hecho por Miguel Cortés Chaves y Paola Madriz Pérez, en el cual solicitaban que se anotaran en el Registro Nacional (es decir, que se restringiera la posibilidad de venta o de hipoteca) propiedades y vehículos de 64 personas físicas y jurídicas.

Entre estos estaban funcionarios públicos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), así como de algunos trabajadores de las constructoras involucradas en la investigación.

El reclamo lo justificaron en la afectación a la hacienda pública y el daño social ocasionado. La intención era asegurar bienes que equivalen a ¢45.000 millones para garantizar el resarcimiento económico para el Estado, en caso de que sean declarados culpables.

En la resolución, el juez dice que el caso debe tramitarse como de criminalidad organizada, pero que cuando se habla de una estructura criminal no se puede decir que todas las personas se conocen, ni tampoco que todas tienen que ejecutar la totalidad de los delitos, pero sí que todos trabajen para favorecer el mismo interés.

Consideró que era necesario que la Procuraduría señalara de manera concreta el grado de participación delictiva, con fundamento en la prueba que existe, de cada imputado y con base en eso poder hacer un análisis de si es proporcional que a determinado investigado se le embarguen sus bienes

El Caso Cochinilla trascendió el lunes 14 de junio, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otras 45 fueron indagadas posteriormente. En total, por este caso hay 75 personas físicas y 12 personas jurídicas implicadas.

Redacción LT

Redacción La Teja

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