Sucesos

Jueza de caso Cochinilla cree que hay peligro de fuga pero no dictó prisión preventiva

El Ministerio Público presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Hacienda

La jueza Carolina Lizano, considera, al igual que el Ministerio Público, que podría haber peligro de fuga en caso de que se deje en libertad a 14 de los 28 investigados por el caso “Cochinilla”, sin embargo, aun así dictó otras medidas cautelares y no prisión preventiva.

Así lo dieron a conocer Miguel Ramírez López, fiscal subrogante para el caso Cochinilla y Glenn Calvo Céspedes, fiscal adjunto 1 de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción la mañana de este lunes 28 de junio durante una conferencia de prensa.

“La resolución (del sábado 26 de junio) de la jueza establece claramente que el Ministerio Público dio insumos suficientes para que se pudiera determinar que había un indicio comprobado y concreto, así lo dijo la señora jueza, de que existían los peligros procesales necesarios y suficientes de fuga, continuidad delictiva y obstaculización por parte de la totalidad del grupo.

“Sin embargo, después se decantó en el caso de las personas a las que se les solicitó prisión preventiva por otras medidas alternas que le permite el Código Procesal”, explicó Calvo.

Apelaron de un solo

Calvo no quiso opinar sobre la contradicción de la jueza, pero no la dejó ni picar y le dio de seguido, pues inmediatamente presentó una apelación.

“Consideramos que la resolución, al haber confirmado todos los puntos que el Ministerio Público expuso y solicitó a la señora jueza, es clara y concisa y por eso no estamos conformes con la resolución de libertad de las personas a las que solicitamos prisión preventiva”, añadió Calvo.

Miguel Ramírez López, fiscal subrogante para el Caso Cochinilla , y Glenn Calvo Céspedes, fiscal adjunto  de la Fiscalía Adjunta de Probidad, explicaron cómo avanza el proceso. Foto: Cortesía, Fiscalía.

La apelación es contra las medidas cautelares dictadas a Carlos Cerdas, dueño de Meco, y a Mélida Solís, dueña de H. Solís, a quienes les impusieron el pago de fianzas de $5 millones (más de ¢3,100 Millones) y de $3 millones (más de ¢1,800), respectivamente para ser liberados, eso sí, teniendo otras medidas como impedimento de salida del país y no acercarse al Conavi.

El Ministerio Público también apeló las medida cautelares de impedimento de salida del país y de firmar una vez al mes en el despacho judicial que se les impusieron a otros 12 sospechosos, para los cuales también habían solicitado prisión preventiva por un año.

Hablamos de Alister Cervantes Morales, gerente de DICCOC; Abel González Carballo, gerente de Operaciones de Meco; Alejandro Bolaños Salazar, representante legal de Meco; Carmen Madrigal Rímola, directora de Proveeduría del Conavi; Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Conavi; Elsie Carmona Rivas, funcionaria del Conavi y Harold Mora Obando; funcionario del Conavi.

Hugo Fallas Zúñiga, delegado de firmas del Conavi; Juan Carlos Abarca Quesada, gerente de Also Frutales; Óscar Martínez Martínez, presidente de ITP; William Herrera Chacón, dueño de Constructora Herrera y Tobías Arce Alpízar, quien es señalado en la investigación como el supuesto intermediario entre las constructoras y los funcionarios del Conavi.

En cuanto a los otros 14 investigados, el Ministerio Público no apelará las medidas cautelares pues la jueza otorgó las solicitadas, como suspensión del cargo, impedimento de salida del país, no acercarse al Conavi a una distancia de un kilómetro y no molestar a testigos.

Fuga de expediente

Los fiscales también dieron a conocer que el Ministerio Público abrió una causa contra ignorado (no hay sospechosos identificados) por la filtración del expediente Cochinilla, al cual solo tenían acceso los 25 abogados, los 30 investigados y los fiscales a cargo.

Ramírez explicó que la filtración de la información no representa ningún peligro para el desarrollo del caso, pues todas las pruebas documentales, testimoniales, así como las intervenciones telefónicas están bien respaldadas, el problema puede venir para terceras personas mencionadas en el expediente y que de momento no figuran como sospechosos.

“Si fuera un caso de narcotráfico, es delicado que se filtre el nombre de una persona y mañana amanezca muerta, porque estaba en el expediente y simplemente se le mandó a matar. Tenemos que tener una total seguridad de qué es lo que decimos y cómo lo decimos, de acuerdo con el principio de inocencia vigente”, dijo el fiscal subrogante.

La preocupación más que todo va en el sentido de que todo estos casos deberían ser totalmente secretos para no generar inquietudes a lo externo.