La jueza Silvia Arce tiene en sus manos la decisión de determinar si Mélida Solís, dueña de H. Solís; y Carlos Cerdas, dueño de Meco, serán liberados o si continuarán descontando prisión preventiva mientras se les investiga por el caso de presunta corrupción denominado Cochinilla.

Este viernes finalizó la audiencia de apelación de medidas cautelares por este caso, la cual inició el pasado lunes, y la jueza informó a los abogados de los 14 investigados que tienen medidas cautelares (entre ellos Solís y Cerdas) que dará a conocer su decisión por escrito; sin embargo, para esto no hay una fecha establecida.

“Se le hizo ver a la jueza que sí hubo cambios de circunstancias que ameritaban la valoración de una sustitución de las medidas cautelares o la extinción total de estas”,

—  Francisco Campos, abogado de Mélida Solís.

Así lo confirmó a La Teja Francisco Campos, abogado de Mélida Solís, quien además dijo que durante estos días de audiencia él y los demás abogados defensores presentaron sus alegatos para traerse abajo las medidas cautelares que fueron ampliadas en octubre del año pasado.

Sin fundamentación

El principal argumento de la defensa señala una falta de fundamentación por parte de la jueza que prorrogó las medidas cautelares, pues, según los abogados, esta no justificó con claridad porque estableció un período de cinco meses.

“Las circunstancias habían cambiado, sobre todo en un elemento que es la magnitud del daño, pues este caso inicia con un cuento de que el daño que se generó había sido de ¢78 mil millones, ya ese tema ha sido aclarado en la Asamblea Legislativa.

“Además en la audiencia de prórroga de medidas nosotros llevamos al perito del OIJ y él dijo en su informe, que era absolutamente preliminar, que no podía determinar si las empresas o algunas de las personas había ocasionado un daño y mucho menos cuantificarlo en ese momento.

“Entonces el argumento que se había utilizado para mantener presos a doña Mélida y a don Carlos de que el daño era de ¢78 mil millones y que las fianzas de $3 millones y $5 millones que se les habían otorgado eran insuficientes se cayó, tanto así que después la Procuraduría presentó una acción civil por un monto mucho menor”, explicó Campos.

Por este motivo es que Campos y los demás abogados solicitaron que se declare la ineficacia de la resolución de prórroga de medidas, para que así los empresarios sean liberados.

Fiscalía pide más meses

El Ministerio Público no se quedó de brazos cruzados en esta audiencia, pues también presentó un recurso de apelación para que el lapso de las medidas cautelares dictadas a los investigados sea mayor.

“El Ministerio Público había pedido que la prórroga se hiciera por ocho meses, pero el Juzgado únicamente la ordenó por cinco, entonces el Ministerio Público apeló en cuanto al plazo, alegando que la resolución era carente de fundamentación, porque (la jueza) no indicó claramente por qué se estableció un plazo menor al que solicitaron”, contó Campos.

Los empresarios Mélida Solís y Carlos Cerdas son los únicos que cumplen con prisión preventiva y están encarcelados desde julio del 2021.