El exministro de ambiente Roberto Dobles Mora y otras seis personas podrían pasar los últimos meses del año de una manera tediosa al enfrentar una vez más el juicio por el caso Crucitas.
Esto inició este lunes 16 de octubre y está para que termine el 22 de diciembre próximo, sin embargo podría hasta extenderse.
Dobles es acusado de dos delitos de prevaricato y las otras personas de un delito de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), así lo señaló el representante de la fiscalía de Providad Transparencia y Anticorrupción Carlos Manuel Jiménez.
Entre los acusados hay tres mujeres de apellidos: Espinoza Valverde, Caballini Chinchilla, Cruz Ramírez y los demás hombres: Lezama Fernández, Boza Quesada, Corrales Arias, además del exjerarca.
Este caso lo están viendo los jueces Yorleny Campos Campos, Jorge Tabash Forbes y José Pablo Alvarado.
Mientras que los representantes de la Procuraduría son Christian Barrero, Paola Madriz.
LEA MÁS: Lucha contra empresa Infinito Gold continuará por años y le saldrá carísima al país
Cinco de los acusados, entre ellos Roberto Dobles son representados por el abogado José Miguel Villalobos, quien señaló que ya hubo una sentencia que luego fue anulada.
“La defensa considera que primero efectivamente las resoluciones que se apuntan fueron declaradas ilegales en el 2010, de eso no hay ninguna discusión, la discución es si esa ilegalidad cruza el derecho administrativo y se convierte en un delito, porque nuestra jurisprudencia ha dicho que no toda ilegalidad de una resolución implica un prevaricato, para que sea uno, debe ser una violación legal, grosera y con una clara intención de violar la ley”.
“Los funcionarios actuaron sobre la base de recomendaciones, dictámenes, criterios favorables de los técnicos por lo tanto no existe dolo alguno de parte de ellos”, dijo Villalobos.
Dobles y los demás son acusados de favorecer a Industrias Infinito para obtener la concesión de extraer oro en la zona norte del país.
En enero del 2015, el exministro Dobles fue condenado a tres años de cárcel por el presunto delito de prevaricato, mientras que los otros seis imputados fueron absueltos.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, tras varias apelaciones se ordenó que se realizara un nuevo juicio contra todos los imputados, pues los jueces consideraron que la resolución de ese debate había sido deficiente.