Una funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería de apellido Barquero no podrá volver a ejercer su cargo durante los próximos 10 meses.
Así lo decidió el Juzgado Penal de Hacienda, que le impuso medidas cautelares mientras continúa la investigación.
La oficial, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, deberá cumplir suspensión del ejercicio del cargo, además de impedimento de salida del país, firmar una vez al mes en la Fiscalía y no acercarse a la terminal aérea ni comunicarse, de forma directa o indirecta, con testigos del caso.
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Las medidas fueron ordenadas tras una audiencia que se extendió durante seis horas, desde las 5 p. m. hasta las 11 p. m. de este miércoles 15 de julio, luego de la solicitud realizada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
La funcionaria es investigada por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático.
Según la investigación, la oficial habría facilitado y simulado el ingreso formal al país de un extranjero que se encontraba en condición migratoria irregular.
Los informes de inteligencia utilizados en el caso señalan que esta persona tendría un perfil de alta peligrosidad y estaría vinculada con una organización terrorista internacional.
La detención de la funcionaria ocurrió la mañana de este miércoles cuando se encontraba en su puesto de trabajo en el aeropuerto, lugar que fue allanado por las autoridades. Además, los agentes realizaron un allanamiento en su vivienda.
La Fiscalía continúa con el análisis de evidencia documental, digital y estudios financieros dentro del expediente 26-000215-1218-PE para determinar las posibles responsabilidades en el caso.
