EscucharLas malas decisiones de un hombre no solo acabaron con su vida de manera espeluznante, sino que después de su muerte y el dolor de su familia, esta también pagó las consecuencias.
La madrugada del 28 de abril del 2018, un vecino encontró un cuerpo y, a varios metros, la cabeza de un hombre en una solitaria calle de la ruta de Cambronero.
Para los investigadores que atendieron el hallazgo, la escena parecía sacada de una película de terror, pero era real. La víctima era Diego García, un colombiano de 42 años que llevaba una vida aparentemente discreta en Costa Rica, aunque detrás de esa fachada se escondía una compleja red ligada al narcotráfico internacional.
Ocho años después, el caso vuelve a estremecer por el pódcast Expediente Cero 43, en el que el investigador judicial Nelson Solís Araya y la doctora Laura Quirós Abarca, patóloga forense que participó en la escena, revelan detalles inéditos de uno de los homicidios más crueles registrados en el país.
Diego vivía en Montelimar de Goicoechea, cerca de los tribunales. No tenía un trabajo estable conocido, pero llevaba una vida llena de lujos.
Solís contó que en el perfil de Diego establecieron que manejaba un vehículo valorado en unos 40 mil dólares (unos ¢20 millones), pagaba un alquiler elevado y asistía todos los días al gimnasio. Ante sus familiares aseguraba que se dedicaba a vender carros y colonias, una explicación que nunca despertó sospechas en su entorno.
Sin embargo, para los investigadores, Diego tenía un rol mucho más delicado. Según explicó Solís, era parte de una estructura criminal dedicada al trasiego de drogas entre Colombia, Centroamérica y Costa Rica.
Su función era servir como testaferro: recibía dinero de la organización y lo distribuía para evitar que las autoridades detectaran movimientos grandes de efectivo.
“Traían menos de diez mil dólares para no levantar sospechas y él se encargaba de mover el dinero”, explicó el investigador en el programa.
La investigación apunta a que Diego comenzó a gastar plata sin autorización de la organización criminal. Compraba vehículos, hacía transacciones y llevaba un estilo de vida que empezó a incomodar a los líderes del grupo.
Todo se habría originado meses antes. A finales del 2017, el cabecilla del grupo radicado en Heredia viajó a Colombia, donde fue asesinado tras un conflicto con narcotraficantes. Luego de su muerte, el dinero quedó distribuido entre varios testaferros, entre ellos Diego.
Un hermano del hombre asesinado se vino para Costa Rica y la organización comenzó una cacería contra quienes consideraban desleales.
“Empezaron a eliminar a personas vinculadas al grupo”, relató Solís.
Las autoridades lograron relacionar varios hechos violentos ocurridos entre marzo y julio del 2018: un asesinato en Curridabat, un atentado en Escazú, un secuestro en Liberia y otros homicidios ejecutados con ráfagas de disparos. Todos tenían elementos comunes y conexiones con la misma estructura criminal.
La noche del 26 de abril del 2018, Diego regresaba a su vivienda en Goicoechea cuando fue interceptado. Dos vehículos le cerraron el paso y de uno de ellos bajaron tres hombres armados.
“Lo sacan del carro y lo suben a otro vehículo. Ahí empieza la privación de libertad”, detalló Solís.
El automóvil de Diego apareció abandonado en las cercanías de Calle Blancos. Mientras tanto, los secuestradores lo trasladaron hasta una casa en San Ramón, cerca de la ruta de Cambronero.
A partir de ese momento, se inició una negociación desesperada con la familia del colombiano, que vivía en Colombia. Los delincuentes realizaron llamadas durante todo el 27 de abril exigiendo dinero para liberarlo.
Pero hubo un detalle clave: la familia nunca avisó a la Policía.
Según relató el investigador, el tiempo de negociación fue extremadamente corto. Incluso uno de los hermanos de Diego aseguró después que no habían tenido tiempo suficiente para conseguir préstamos ni reunir grandes cantidades de dinero.
La suma exigida tampoco parecía millonaria. En algún momento se habló de unos dos millones de pesos colombianos (unos ¢245 mil), un monto bajo para un secuestro internacional.
“Creemos que el fin no era el secuestro, sino más bien sacarle algo de dinero a la familia antes de matarlo”, afirmó Solís.
Para los agentes, el verdadero motivo era castigar a Diego por presuntamente haberse quedado con dinero de la organización.
Mientras la familia negociaba a distancia, Diego vivía horas de horror dentro de la vivienda donde permanecía cautivo.
La doctora Laura Quirós recibió la llamada del OIJ la mañana del sábado 28 de abril. Eran cerca de las cinco de la mañana cuando le informaron sobre el hallazgo de un cuerpo decapitado en la ruta de Cambronero.
“Estoy acostumbrada a ciertos escenarios, pero esto era impactante”, recordó la especialista, quien en ese momento ya tenía más de una década de experiencia como médica forense.
Cuando llegó a la escena, encontró un cadáver completamente ensangrentado y con múltiples heridas.
“Tenía lesiones punzocortantes en la cabeza que llegaban hasta el hueso. También heridas en el cuello y el tórax”, explicó.
Las lesiones revelaban un nivel extremo de violencia. La patóloga indicó que incluso la posición de algunos cortes hacía pensar que Diego pudo haber estado sentado mientras era atacado.
“Parecía que tenía la cabeza hacia atrás al momento de algunos cortes”, comentó.
Letal lesión
Las heridas no se limitaban al cuello. También presentaba fracturas en las piernas, golpes severos en el rostro, hematomas en tórax y espalda, además de heridas en brazos y manos.
“Había lesiones de defensa. Intentó sostener el arma o detener los ataques”, detalló.
La forense concluyó que Diego fue golpeado durante un largo periodo antes de morir.
“La decapitación fue la lesión que finalmente le provocó la muerte”, indicó.
Cuando el cuerpo fue hallado, tenía entre seis y diez horas de fallecido.
Los secuestradores dejaron el cadáver en un lugar conocido como Tres Vías, en una ruta que comunica San Ramón con Cambronero. La cabeza estaba apenas a un metro del cuerpo.
Durante la investigación, los agentes comenzaron a reconstruir los movimientos de los sospechosos mediante registros telefónicos. Las llamadas hechas a la familia permitieron ubicar una torre celular cercana a la zona donde Diego permaneció cautivo.
Con esa información, los investigadores hicieron un censo en comunidades cercanas preguntando si alguien había visto movimientos extraños o extranjeros alquilando viviendas.
Una pista cambió el rumbo del caso
Un vecino comentó que cerca del lugar vivían varios colombianos. Además, los agentes notaron coincidencias entre el entorno visible en las fotografías enviadas a la madre de Diego durante el secuestro y la estructura de una casa específica.
Los vecinos también recordaron algo inusual.
“El sábado hubo una fiesta y la música estuvo demasiado alta”, relató el investigador.
La policía sospecha que el ruido era utilizado para ocultar los gritos de la víctima mientras era torturada.
Durante las vigilancias alrededor de la propiedad ocurrió otro hallazgo clave. Uno de los agentes encontró las llaves del carro de Diego al otro lado de la calle.
“Creemos que alguien salió y las lanzó ahí”, explicó el investigador.
Ese detalle terminó fortaleciendo las sospechas y permitió ejecutar el allanamiento.
Cuando los oficiales ingresaron a la vivienda, encontraron un fuerte olor a marihuana. Dentro de la propiedad funcionaba un laboratorio clandestino.
“Yo rompí la puerta con el ariete y el olor era muy fuerte”, recordó Solís.
En otra sección de la casa descubrieron un baño con rejas y una silla. Para los investigadores, ese había sido el sitio donde Diego permaneció cautivo antes de ser asesinado.
La captura de uno de los sospechosos ocurrió durante las vigilancias. Un hombre de apellido Zúñiga ingresó a la vivienda y salió unos 40 minutos después. Los agentes lo detuvieron inmediatamente.
Audio aterrador
El sospechoso andaba armado y, al revisar su teléfono celular, encontraron información clave: mensajes relacionados con el secuestro, contactos de los involucrados y referencias a un sujeto apodado “Guadaña”, identificado como uno de los panameños vinculados al caso.
Uno de los elementos más perturbadores de la investigación fue un audio que cayó en manos de las autoridades y que había sido enviado a la familia de la víctima.
“Mueve, mueve, que sea rápido… estoy harto, estoy cabreado… desde la mañana en esto y nada”, se escucha decir a una persona.
Según el OIJ, quien hablaba tenía acento panameño y esa grabación ayudó a vincular a varios sospechosos extranjeros.
La organización operaba de manera itinerante. Los sicarios llegaban a Costa Rica para ejecutar misiones específicas y luego regresaban a sus países.
“Llegaron en marzo y se fueron en mayo”, explicó Solís.
Aunque los investigadores lograron identificar a varios participantes, no todos fueron capturados. Tiempo después, algunas de estas personas fueron detenidas en el extranjero por tráfico internacional de armas, pero posteriormente se les perdió el rastro.
Según reveló el investigador, cuando abandonaron Costa Rica, las autoridades les decomisaron armas que aparecían en fotografías tomadas durante el secuestro, imágenes que los criminales enviaron a la madre de Diego para presionarla.
La familia terminó enterándose de la muerte de Diego de la forma más cruel. Según relató Solís, ellos vieron en redes sociales y publicaciones las fotografías del cuerpo hallado en Cambronero y, al sospechar que podía tratarse de él, se comunicaron con la expareja de Diego en Costa Rica.
Fue hasta después del hallazgo del cadáver que se interpuso formalmente la denuncia ante las autoridades.
El caso de Diego García Lehmus quedó grabado como uno de los expedientes más violentos investigados en Costa Rica. No solo por la brutalidad del crimen, sino por la forma en que dejó al descubierto una estructura criminal internacional que operaba silenciosamente en el país.
Lo más triste es que el investigador narró que dos o tres semanas después se presentaron abogados a la casa de la familia de Diego en Colombia y tuvieron que entregar su vivienda, probablemente por presiones ligadas a la misma red criminal. Al final, sus seres queridos también terminaron pagando las consecuencias de las decisiones del hombre.
En el 2020, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos logró demostrar la culpabilidad de Hugo Londoño Mejía, Bryan Zúñiga Quirós, José Muñoz Madrigal y Martín Lewín Ramírez, quienes fueron sentenciados a 76 años de prisión, en total, por los delitos de secuestro con resultado de muerte y tráfico de drogas.
El investigador aseguró que aún existen órdenes de captura vigentes contra sospechosos en fuga.
Detrás del perfil discreto de un hombre que aparentaba dedicarse a vender carros y perfumes, existía una compleja red de dinero, traiciones y narcotráfico que terminó cobrándole la vida de la manera más cruel imaginable.
