EscucharPersonas que llegaban a gimnasios ubicados en centros comerciales para hacer ejercicio se habrían convertido en blanco de una banda que aprovechaba las horas de mayor afluencia para robar tarjetas bancarias que las víctimas dejaban en sus vehículos.
La investigación, que comenzó en febrero del año anterior, llevó al OIJ a realizar este miércoles, a las 5 a. m., varios allanamientos y detenciones relacionados con aparentes casos de robo agravado y estafa informática.
De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos habrían identificado los horarios en que más personas llegaban a ejercitarse, principalmente entre las 5 y las 7 a. m. y entre las 8 y las 10 p. m.
La forma de operar habría comenzado cuando las víctimas estacionaban sus automóviles y se bajaban para ingresar a los gimnasios. En ese momento, los sospechosos presuntamente utilizaban inhibidores de señal para ingresar a los vehículos y sustraer las tarjetas bancarias que permanecían en su interior.
Posteriormente, las tarjetas supuestamente eran utilizadas para realizar compras y otras transacciones mediante datáfonos que habrían sido facilitados por propietarios de algunos comercios.
Según el OIJ, las personas vinculadas con las cuentas asociadas a esos dispositivos se encargaban aparentemente de disponer del dinero y realizar las gestiones para trasladarlo a los presuntos ejecutores y a otros integrantes de la estructura investigada.
Los allanamientos se realizaron en Llano Grande, Concepción y San Diego de La Unión, en Cartago, así como en Curridabat, Paso Ancho, Rohrmoser y Hatillo Ocho, en San José.
Además, agentes de la Sección de Robos detuvieron a ocho personas en la vía pública en Desamparados, Alajuelita, barrio La California, San Pablo de Heredia y Oreamuno de Cartago.
En total, el OIJ reportó la detención de 18 personas, quienes figuran como sospechosas de los delitos investigados.
Durante las diligencias también fueron decomisados celulares, datáfonos, inhibidores de señal y otros elementos que ahora serán analizados como parte de la investigación.
Ahora las autoridades judiciales deberán determinar el nivel de participación que habría tenido cada uno de los sospechosos dentro de la estructura investigada y cómo se habría distribuido el dinero obtenido mediante las aparentes estafas.
