Alejandra Portuguez Morales.17 septiembre

Por medio de ventas, tipo polaco, de electrodomésticos y muebles, fue como un abogado notario y un comerciante habrían estafado a unas 61 personas, a quienes les quitaron sus casas, fincas y vehículos.

Las supuestas víctimas son adultos mayores, personas de baja escolaridad o enfermas.

Así lo detalló Rándall González Cambronero, representante del Ministerio Público, en el juicio que inició este lunes en los Tribunales de Goicoechea.

Los acusados son un abogado notario de apellidos Chacón Bolaños y un comerciante apellidado Arana García, quienes enfrentan los cargos de estafa, uso de documento falso y falsedad ideológica (inclusión de datos falsos en documentos públicos).

De acuerdo con la acusación, al parecer el modo de operar de los dos sujetos era encontrar personas de bajos recursos, pero que tuvieran a su nombre algún bien.

El abogado Rodrigo Hernández (camisa azul) defiende a los acusados de apellidos Arana García y Chacón Bolaños. Fotografía José Cordero
El abogado Rodrigo Hernández (camisa azul) defiende a los acusados de apellidos Arana García y Chacón Bolaños. Fotografía José Cordero

Al confirmar que tenían una propiedad o un carro, supuestamente les llegaban a ofrecer televisores, computadoras, roperos o lo que fuera.

En medio de la entrega de los artículos, aparentemente el polaco les decía a los compradores que debían firmar un papel sobre el respaldo de la compra o una letra de cambio en la que señalaban que, si no pagan en tres meses, las propiedades debían responder por la deuda.

Sin embargo, muchos de los ofendidos no saben leer o son adultos mayores, entonces no entendían lo que estaban poniendo a responder por un mueble o un electrodoméstico.

Con esta modalidad, según la acusación, varias propiedades de los afectados fueron rematadas, embargadas o aparecen a nombre de otras personas. De acuerdo con el Ministerio Público, este chorizo lo cometían desde el 2004 y hasta la actualidad.

Uno de los casos es el de una mujer vecina de Alajuelita, San José, quien perdió su casa. La afectada sigue viviendo en la propiedad, pero esta aparece a nombre de un desconocido para la familia, así lo contó la hija de la víctima, quien estuvo en el inicio del debate, pero prefirió no identificarse.

Ella detalló que el calvario lo sufren desde el 2008.

“Mi mamá no sabe leer, en el 2008 un señor que no conocemos llegó a la casa a vender unos sillones, ella los quería y los compró. La hicieron firmar un documento, pero ella no sabía de qué se trataba. Mi mamá hizo los primeros pagos, pero luego el polaco dejó de pasar por la casa.

"Al tiempo le notificaron que la casa estaba embargada, luego un señor llegó a tomarle fotos al frente de la vivienda y cuando fuimos a la Municipalidad y al Registro Nacional sale a nombre de uno de los acusados (Arana García), las fotos eran para ponerla a la venta”, expresó la joven.

La mamá de la joven sigue viviendo en la propiedad, pero temen que en cualquier momento los desalojen por estar a nombre de otra persona.

“Por una pequeñez, mi mamá le compró a un polaco unos sillones y por eso perdió la casa. Por esa firma que mi mamá dio ellos hicieron algo que les permite tener la propiedad”, dijo con tristeza la hija.

“Mi mamá se esforzó toda una vida por tener su casa y ahora vive en una casa que no aparece a su nombre y tememos que la desalojen”, hija de una de las afectadas
El fiscal Rándall González Cambronero (saco gris), la representante de la Defensa Pública Vanessa Herrera y el abogado Jhon Rojas Soto representan a las supuestas víctimas. Fotografía: José Cordero
El fiscal Rándall González Cambronero (saco gris), la representante de la Defensa Pública Vanessa Herrera y el abogado Jhon Rojas Soto representan a las supuestas víctimas. Fotografía: José Cordero
Víctimas son adultos mayores y enfermos

El fiscal Rándall González detalló la vivencia de esta mujer que compró unos sillones y perdió la casa, además de los otros 60 casos, solo en la acusación se llevó más de seis horas.

Agregó que la mayoría son adultos mayores e incluso personas con cáncer que también perdieron sus bienes.

En este debate unas 128 personas darán sus testimonios, incluso algunas afirman ser parte de las víctimas, pero sus casos no fueron a juicio.

Sesenta supuestas víctimas están siendo representadas por Vanessa Herrera Meza, de la Oficina Civil de la Defensa de la Víctima del Ministerio Público y solo una, de nombre Flor Martínez Quirós, es defendida por el abogado Jhon Rojas Soto.

Rodrigo Hernández González lleva el caso de los acusados y prefirió no referirse sobre el caso con este medio. Antes de que iniciara el juicio, el abogado intentó que este no arrancara, al indicar que en el expediente faltaban pruebas que había presentado, pero el Tribunal Penal no le dio la razón y arrancaron.

Este juicio lo están viendo los jueces Erika Calvo Navas, Jorge Tabash Forbes y Sergio Quesada Carranza. Será bastante extenso pues está programado para que termine el 20 de diciembre próximo.

La abogada Yorleny Clarke explicó que si usted tiene una deuda y no se la quieren cobrar, puede acudir a varias instituciones para evitar estar envuelto en un problema más grande. Puede ir al Juzgado Civil (si se trata de alquileres de propiedades), a los Juzgados Especializados de Cobro (si se trata de pagares o letras de cambio), a la Fiscalía Penal (si se trata de notificaciones falsas), finalmente en los Tribunales de Primer Instancia Civil (si se trata de problemas con contratos).