Silvia Coto.10 junio
Las autoridades mantienen una lucha por proteger los recursos naturales. Fotografía: John Durán
Las autoridades mantienen una lucha por proteger los recursos naturales. Fotografía: John Durán

Cada año el Ministerio Público recibe entre 150 y 200 denuncias por pesca ilegal, cuyas multas van desde los ¢450 mil hasta los ¢34 millones.

Alejandro Alpízar Arrones, fiscal ambiental, aseguró que la provincia de Puntarenas es donde se reportan más casos.

“La pesca ilegal es cualquier tipo de actividad que no se ajuste a la normativa que establece la Ley de Pesca y Acuicultura, por ejemplo, lo más básico es que para poder realizar actividades de pesca se necesita una licencia; si una persona lo hace sin contar con ella, es un delito”, explicó Alpízar.

El experto asegura que a la fecha existen 50 distintas conductas por la que una persona puede ser multada por montos que van desde un salario base hasta 80, dependiendo de la gravedad.

Otros delitos se pagan con tabo, por ejemplo, en casos en los que la descarga de aletas de tiburón que no vengan adheridas al cuerpo del animal, la pena va de seis meses a dos años de prisión; o la pesca utilizando sustancias tóxicas o explosivos, cuya pena podría llegar hasta a 10 años.

Ante esta situación de la pesca ilegal, la Fiscalía Ambiental impulsó la creación de un Protocolo de actuación interinstitucional, en la que participa el Ministerio Público, Incopesca, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Organismo de Investigación Judicial.

“En el documento se establecen, por ejemplo, las directrices de cómo se van a investigar los delitos, qué pasará con los peces que se decomisen y se le dará prioridad al proceso expedito de flagrancia, que da muy buenos resultados al perseguir estas conductas”, explicó el fiscal.

Alpízar asegura que cualquier persona puede presentar una denuncia, lo ideal es tomar una fotografía de la matricula de la embarcación que sirva como prueba, la cual puede ser anónima.

Las denuncias se pueden presentar en el 911, a la línea de denuncias ambientales 1192 o al correo electrónico: fa_agrario@poder-judicial.go.cr

“En Costa Rica implica que pesqueras extranjeras ingresen a nuestras aguas y se lleven los recursos, eso provoca que nuestros pescadores vean una merma en la cantidad de peces, que va disminuyendo año tras año, por lo que ellos, para poder mantener su actividad económica y mantener a sus familias, necesitan pescar cada vez más, lo que genera un efecto negativo en el recurso, pues compiten más por el poco que hay disponible”, dijo Alpízar.