Ante el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa para reducir de 107 mil colones a 23.415 colones las multas por no cumplir la restricción vehicular sanitaria, el director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, espera que los conductores sigan respetando la ley.

“Los diputados son los que determinan si la multa es alta o baja, orientado en el carácter disuasivo que pretenda el legislador para que los conductores no infrinjan la Ley. Ahora los diputados están haciendo una nueva valoración de esta multa que nació hace seis meses a raíz de la pandemia.

“La Policía de Tránsito espera que los conductores sigan respetando los lineamientos de salud y los criterios médicos, así como la Ley de Tránsito”, dice Marín.

El proyecto todavía se suaviza más, porque se trae abajo la posibilidad de que a los choferes que se la jueguen a usar su vehículo los días que no tienen permitido circular, y les den cacería, se les resten seis puntos de la licencia, además, la Policía de Tránsito tampoco podría quitar las placas por ese irrespeto a la ley que se estableció el pasado mes de abril a raíz de la pandemia.

Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) fue quien presentó el proyecto de ley, el cual goza de un positivo ambiente en la Asamblea, tanto así que el pasado miércoles 33 diputados aprobaron una moción que dejó cuesta abajo el expediente 22.134, ahora los diputados van a poder discutirlo de inmediato en el plenario.

Limpiarle el camino a la rebaja en las multas tuvo la aprobación del Partido Liberación Nacional, el PUSC, Restauración Nacional, Integración Nacional, Partido Republicano Social Cristiano y todos los diputados independientes. Le dijeron nel pastel los diputados del Partido Acción Ciudadana y del Frente Amplio.

Tres castigos

Al diputado Abarca no le gusta para nada la multa de 107 rojos, quien dice que sí quiere que se mantenga una sanción, pero que sea equilibrada y razonable, porque no le parece que en una misma situación haya un castigo triple: la multa, los seis puntos menos en la licencia y el retiro de placas.

“Eso complica mucho, porque la persona dura como un mes y medio para recibir de nuevo las placas y hay que hacer un curso para la licencia”, agregó Abarca.

Eso sí, el proyecto del dipu deja queditica la parte en la cual se explica que todo lo recaudado por faltas a la restricción vehicular sanitaria se usará para ayudar a las personas afectadas económicamente por la crisis que ha ocasionado a nivel nacional el covid-19.

La multa de más de cien rojos nunca cayó bien, 15 después de entrar en vigencia, para el 25 de abril, ya la Sala Constitucional había recibido nueve recursos de amparo contra el Consejo de Seguridad Vial por multas hechas al amparo de la restricción sanitaria. Ninguno pegó porque los magistrados han dejado bien clarito que las medidas restrictivas tomadas por el Gobierno son de un total interés público.

“Gran negocio”

A mediados de mayo pasado, el propio Mopt realizó una publicación en redes sociales que generó gran polémica.

“Hemos leído varios comentarios, pocos, pero existentes, indicando que la restricción vehicular sanitaria ‘se ha vuelto un negocio para el Gobierno’ y honestamente debemos darles la razón. Si bien la restricción sanitaria tiene como fin reducir la salida de personas a la calle, sin necesidad, es un gran negocio para el Gobierno”, decía la publicación de mayo.

Claro, el Mopt aclaraba en la publicación que el buen negocio es porque bajó la tasa de mortalidad en carreteras, hubo menos conductores alcohólicos en carretera y menos detención de personas requeridas por la justicia, entre otros números que bajaron, sin embargo, lo de gran negocio se interpretó en lo económico solamente. Fue después de esa publicación que el diputado Abarca presentó el proyecto de ley.