Rocío Sandí.29 agosto, 2019

La exdefensora de los habitantes, exviceministra de vivienda y exdiputada, Ofelia Taitelbaum fue condenada a 9 años de prisión por 32 delitos de uso de documento falso.

Así lo decidió el Tribunal Penal de Goicoechea, integrado por los jueces Sergio Quesada, Jorge Tabash y Ericka Calvo, a las 8:30 de la mañana de este jueves 29 de agosto.

De quedar la sentencia en firme deberá descontar la pena en la cárcel de mujeres Vilma Curling, de momento Taitelbaum está libre, ya que su abogado puede apelar la condena; sin embargo deberá cumplir con estas medidas cauterales: entregar el pasaporte, tiene impedimento de salida del país, debe firmar una vez al mes, todos los 30 de mes a partir de setiembre.

Taitelbaum, quien fue defensora de los habitantes; ministra de vivienda y también diputada, fue acusada por 39 delitos de uso de documento falso y dos de coacción.

Ofelia Taitelbaum fue ministra de Vivienda, diputada y defensora de los Habitantes. Foto: Archivo
Ofelia Taitelbaum fue ministra de Vivienda, diputada y defensora de los Habitantes. Foto: Archivo

La Fiscalía asegura que la imputada hizo declaraciones de renta, pagos y firmas entre el 2009 y el 2014, usando el nombre de María Otárola, una costurera de Ciudad Quesada, en los cuales garantizaba que le había hecho pagos de entre tres y siete millones de colones por supuestas asesorías en ese periodo.

En el debate la exfuncionaria pública aseguró le hubiera sido imposible detectar el presunto delito de uso de documento falso que le achacan, porque asegura que siempre confió en sus contadores.

Además, aseguró que ella es un ser humano con sentimientos y no un “monstruo” como según ella la describieron los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría.

En la etapa de conclusiones la Fiscalía pidió 12 años de prisión contra Taitelbaum, por los 39 delitos de uso de documento falso, y pidió la absolutoria por coacción. Además, Miguel Cortés, representante de la Procuraduría dijo que la acusada debe pagar casi ¢3,3 millones por daño material al Estado y en ¢10 millones por daño social.

Este caso fue descubierto en diciembre del 2013, luego de que la costurera descubriera que usaban su nombre en documentos falsos como vendedora de asesorías.