OIJ se “paseó” en vacaciones de supuestos miembros de banda de secuestradores

Las vacaciones de medio año que organizaron cuatro supuestos miembros de una banda de secuestradores se vinieron abajo cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó las cabinas en Jacó en las que se encontraban con un grupo de amigos y familiares.

Así lo dio a conocer Randall Zúñiga, director del OIJ, quien explicó que estos cuatro sujetos son sospechosos de integrar la banda que cometió los secuestros de los empresarios Jorge Ángulo y Javier Gurdián.

Según Zúñiga, la intención de la Policía Judicial era detener a estos cuatro hombres en Cartago, de donde son vecinos; sin embargo, la noche de este martes los sospechosos organizaron un paseo con amigos y familiares a Jacó, por lo que el OIJ tuvo que viajar hasta esa zona para pescarlos.

“Se allanaron unas cabinas en Jacó donde la mayoría de este grupo se había trasladado la noche del lunes para disfrutar con sus familias y demás personas afines de las vacaciones escolares. Ahí encontramos 28 personas, de las cuales estaban los cuatro perpetradores, habían 12 adultos más y 12 menores de edad”, detalló.

A los lugareños les llamó la atención que la propiedad, que se alquila mediante la plataforma Airbnb, siempre está cerrada, pero esta vez había bastante movimiento y mucha ropa tendida en un mecate. Desde el portón se observaban tres vehículos livianos, que fueron inspeccionados por las autoridades.

El golpe se logró gracias a diez allanamientos simultáneos en Cartago, Heredia, Jacó de Puntarenas, Grecia de Alajuela y Desamparados y Curridabat de San José, en los que participaron 200 oficiales y unos 70 vehículos judiciales.

Según las autoridades, los sospechosos habrían usado parte del dinero obtenido por el secuestro de Gurdián, realizado la semana pasada, para llevarse a todas estas personas de vacaciones.

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Además de detener a estos cuatro sujetos, cuyas identidades no han sido dadas a conocer, la Policía Judicial también capturó a otros seis supuestos miembros del grupo, entre los que habría una mujer.

Las autoridades también decomisaron ¢3,8 millones y $2.500 en efectivo.

Las autoridades detallaron que la banda se dividía en dos estructuras: una dedicada a secuestrar y retener a las víctimas; y otra enfocada en realizar la negociación y obtener el dinero de rescate por medio de criptomonedas, en este caso bitcoins. Al parecer, varios de los sospechosos que se encargaban de la logística serían ingenieros en sistemas.

La Policía Judicial explicó que la investigación contra esta banda inició el pasado 5 de enero, cuando se dio el secuestro de Angulo, reconocido empresario dueño de una cadena de gimnasios.

“Cuando se dio el segundo evento (secuestro), la noche del pasado martes, nos percatamos de que era el mismo grupo criminal. Nosotros ya llevábamos bastante avanzada la investigación por el caso anterior y esto nos facilitó el hecho de ubicar a las personas perpetradoras, además de esto poder terminar el circulo de investigación, ya que teníamos algunas personas por fuera, específicamente del área económica asociadas con el bitcoin”, detalló Zúñiga.

Zúñiga aseguró que la banda sospechosa estaba preparando un nuevo ataque.

La agrupación es sospechosa de realizar dos secuestros, uno ocurrido en enero, donde secuestraron al empresario Jorge Angulo y otro la semana pasada, donde un empresario vecino de Escazú fue secuestrado por 74 horas y su familia tuvo que pagar una jugosa cantidad de bitcoin para que lo liberaran.

“Durante la investigación de ese secuestro (caso Gurdián), en la parte resolutiva, este mismo grupo empieza a hablar de un tercer secuestro, ‘un tercer toque’, como le llaman ellos. Con las detenciones de este grupo en específico, ya se detendría la ola de secuestros. Fueron dos y, probablemente, iban a hacer un tercero”, dijo Zúñiga.

El director del OIJ comentó que, por la manera en la que se comunicaron con la familia del último secuestro y su forma de hablar, se pudo determinar fácilmente que se trataba del mismo grupo criminal.

Los sospechosos se exponen a penas que van hasta los 20 años de cárcel.