El Ministerio Público y el OIJ crearon un protocolo especial para atender de forma más eficaz los casos de mujeres desaparecidas o no localizadas.
Este destaca por el hecho de que realizarán actividades adicionales en comparación a otros casos.
Se trata del “Protocolo conjunto homologado para la investigación de mujeres mayores de edad desaparecidas y no localizadas”, el cual fue presentado este jueves 15 de abril, pero que fue firmado por Walter Espinoza, director general del OIJ y Emilia Navas, fiscal general, desde la semana pasada.
“Este es un protocolo que pretende mejorar la atención de las desapariciones en las que se ven involucradas mujeres, atendiendo la necesidad de visualizar y entender las diferencias que la perspectiva de género implica cuando se trata de este grupo poblacional”, dijo Espinoza.
Navas, por su parte, explicó que el protocolo consta de cuatro fases: la primera es la de atención inmediata obligatoria, en la que las diligencias, como por ejemplo entrevistas ampliadas y valoraciones de riesgo se deben realizar en menos de 24 horas; luego sigue la fase de diligencias policiales entre 24 y 72 horas, en la que se hacen labores como rastreos telefónicos, seguimiento de redes sociales y revisión de movimientos bancarios.
La tercer fase es la de diligencias policiales posterior a las 72 horas, en la cual se hacen labores como revisión de información confidencial y visitas a lugares frecuentados por la mujer. La última fase es el cierre del caso y registro de declaración confirmatoria, cuyo informe depende si la mujer fue hallada o no.
“Cuando hablamos de desapariciones somos conscientes de que no estamos aludiendo a una conducta descrita como delito, sin embargo, sabemos que en muchas oportunidades la desaparición es la antesala a la comisión de un hecho delictivo”, dijo Espinoza.
Según el OIJ, al 31 de marzo de este año habían recibido 582 denuncias por personas desaparecidas. Estas, 254 son mayores de edad (189 hombres y 65 mujeres) y 328 menores (237 mujeres y 91 hombres).