Por medio de una operación llamada “Luz de Esperanza”, autoridades policiales de Panamá y Costa Rica desarmaron una banda sospechosa de dedicarse a la explotación sexual de menores de edad, cuyos miembros, al parecer, ofrecían a sus propias hijas y sobrinas para grabar videos pornográficos en territorio costarricense.

Este jueves, la Policía de Panamá y la Policía Profesional de Migración de Costa Rica realizaron 12 allanamientos de forma simultánea: ocho en territorio canalero y cuatro en nuestro país, específicamente en el cantón de Corredores, en la zona sur.

En el vecino país del sur fueron detenidas dos mujeres, cuyas identidades no se han dado a conocer, mientras que en nuestro territorio se capturó al presunto líder de la banda, un hombre apellidado Ulate Picado. Las autoridades no descartan más detenciones en las próximas horas.

Además de las detenciones, los uniformados panameños lograron rescatar a 14 víctimas, con edades entre los 4 y 16 años, las cuales ya fueron atendidas por especialistas de ese país.

¿Por qué se llama operación Luz de Esperanza? El operativo es denominado “Luz de Esperanza” porque el pueblo donde las menores de edad eran reclutadas se llama Esperanza , ubicado en Finca Balsa, en la provincia de Chiriquí. Y luz porque se hace alusión al rescate de las víctimas, como una luz al salir de los abusos de esta terrible situación y crimen.

“A través de esta operación se resalta el trabajo binacional realizado en total coordinación y colaboración con la Policía de Panamá, en función de la desarticulación de esta organización criminal, pero, sobre todo, el rescate y la protección de las personas menores de edad, víctimas de este delito, en una acción inmediata de investigación, análisis y trabajo conjunto”, dijo Alonso Soto, subdirector de la Policía Profesional de Migración.

La investigación por este caso inició en diciembre del 2021, cuando el Ministerio Público panameño recibió una denuncia sobre lo que estaba sucediendo, por lo que de inmediato inició las coordinaciones con la Policía de ese país y las autoridades migratorias ticas.

Emeldo Márquez, fiscal primero superior contra la delincuencia organizada de Panamá, explicó en conferencia de prensa que, como resultado del operativo en tierras canaleras, decomisaron 41 dispositivos electrónicos, entre computadoras y celulares, los cuales serán revisados por especialistas judiciales.

Usaban casa y taller

En cuanto a Ulate Picado, señalado como el presunto líder del grupo, este fue detenido por medio de un allanamiento a su casa ubicada en el residencial El Saíno, en Laurel de Paso Canoas. Además, las autoridades también cayeron en una taller de su propiedad, en esa misma comunidad, y en una casa cercana al puesto de control del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en Paso Canoas.

“Ulate se encargaba de coordinar con los miembros de nacionalidad panameña, el cruce de frontera y el ingreso a Costa Rica de las víctimas. Ulate las esperaba en el límite fronterizo y luego trasladaba a las víctimas al taller mecánico o a la vivienda, donde se realizaban los abusos sexuales y se grababa material con contenido pornográfico”, detalló Migración.

Por estos hechos, Ulate fue presentado ante los Tribunales de Justicia de Corredores, donde enfrentará cargos por los presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, por el cual podría recibir una condena que va de 8 a 16 años de prisión.

Buscaban familias pobres

Según la investigación, las mujeres detenidas en Panamá no solo habrían ofrecido a sus propias hijas y sobrinas para ser víctimas de este atroz delito, también habrían buscado a otras personas dispuestas a hacer lo mismo, esto, al parecer, por órdenes de Ulate.

“Estas mujeres (detenidas) contactaban a otras madres de personas menores de edad en suelo panameño, en su mayoría de escasos recursos económicos, para reclutar a las víctimas para fines sexuales, utilizando el abuso de poder y su figura de autoridad como madres para someter a sus propias hijas a los actos de explotación sexual a cambio de una remuneración económica, la cual rondaba entre los treinta a cien dólares (entre 19.500 y 65.000 colones)”, informaron las autoridades.

La Policía Profesional de Migración señaló que las víctimas eran reclutadas en un pueblo de nombre Esperanza, ubicado en Finca Balsa, en el distrito de Barú de la provincia de Chiriquí.