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El 1.° de enero del 2017 el periodista Diego Bosque, de La Nación, denunció una “pifia” de 80 metros en el diseño del tramo que conecta la principal carretera hacia el Caribe con el megapuerto de Moín. El asombroso horror impedía conectar la carretera con la principal entrada de la terminal de contenedores e hizo necesario un costoso rediseño.
El 17 de abril La Nación se mandó con otro contundente titular: “MOPT premeditó ‘pifia’ de 80 metros en vía a megapuerto con datos falsos”.
Las marionetas afines a la administración de Luis Guillermo Solís, que se promovía como el primer gobierno sin corrupción, desataron su ira. El título bastaba para iniciar más de una investigación policial, pero nada sucedió. El cuerpo de la nota abundaba en detalles. Comenzaba por decir: “No se trató de una simple ‘pifia’, sino de premeditación. El MOPT incluyó adrede un desfase de 80 metros en la construcción de la carretera que conectará la ruta 32 con la nueva terminal de contenedores de Moín (TCM), en Limón, fallo que le costará $14 millones más (casi ¢8.000 millones) a los contribuyentes”. Los detalles de la corrupción se ampliaban en la publicación.
El 27 de noviembre del 2018, luego de los afortunados cambios en la Fiscalía en marzo, el OIJ allanó el Conavi, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por Meco S. A. y Puentes y Calzadas, en procura de documentos sobre la “pifia”. Tarde pero seguro.
El caso confirma el valor de la prensa independiente en una sociedad democrática y, también, sus limitaciones cuando la institucionalidad no responde como se espera.
