Escuchar
Que veinte años no es nada, dice el tango “Volver”, del famoso Carlos Gardel. Y no es cierto.
Veinte años de estar desangrando a un país pobre, urgido de obra pública, es demasiado. Dos décadas de estar metiendo mano en es mucho.
Desde los peces más gordos hasta las oluminas, todos los que han repartido el bacalao a manos llenas y los que lo han comido, deben pagar, el chorizo debe antragantárseles, así de simple.
“Hace aproximadamente 20 años, funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) (...) han operado en una red de corrupción asociada a las grandes empresas constructoras como MECO, a cargo de Carlos Cerdas Araya, y H Solís, a cargo de Mélida Solís Vargas y Roberto Acosta Mora”.
“Esta organización criminal se encarga de conducir los procesos licitatorios en materia de conservación vial en favor de estas empresas constructoras, a cambio de dádivas o ventajas, logrando con ello adjudicaciones, beneficios indebidos en la ejecución de pagos de los contratos, omisiones en las supervisiones de las obras de infraestructura vial adjudicadas y, en consecuencia, incrementos patrimoniales indebidos en detrimento de la hacienda pública”.
Estos párrafos forman parte de la la solicitud planteada el 30 de agosto del 2019 por la fiscala auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Johanna Rodríguez Acosta, ante el Juzgado Penal de Hacienda, para que el Caso Cochinilla se declarara procedimiento especial de delincuencia organizada.
Dios quiera que el gran esfuerzo de las autoridades allane el camino para hacerlos pagar.
