Cuatro altos jerarcas y exjerarcas fueron detenidos este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso de la rehabilitación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia.

Los detenidos en 22 allanamientos realizados este martes son el presidente de la Comisión de Emergencias (CNE) Alejandro Picado; el exministro de Obras Públicas y Transporte, Mauricio Batalla; Henry Villalobos, fiscal de la CNE, y Marcos Castillo, director de Aviación Civil.

Cómo entender este caso, aquí se lo explicamos:

Durante el año 2022, la tormenta Bonnie y las ondas tropicales 11 y 12 provocaron gran afectación.

La tormenta tocó tierra la noche del 1 de junio y fue necesario que el Gobierno declarara emergencia nacional.

Un año después de la declaratoria de emergencia, se decidió incluir a Liberia entre los cantones afectados, porque la pista del aeropuerto Daniel Oduber supuestamente sufrió daños severos y estaba ubicada en ese sitio.

El fiscal General, Carlo Díaz, aseguró que según las investigaciones, la pista de dicho aeropuerto estaba dañada desde muchísimo tiempo antes de que Bonnie golpeara al país, y hasta fotos aportaron. Los expertos concluyeron que todos eran daños viejos.

“Se investiga en un primer término la justificación del deterioro de la pista de aterrizaje de dicho aeropuerto como una consecuencia directa de la tormenta Bonnie, esto a sabiendas de que no existía un nexo causal en dicha tormenta y el deterioro, deterioro que ya había sido documentado años atrás. Esta inclusión hizo que se pudieran utilizar los fondos de la Comisión Nacional de la Emergencia destinados a atender la tormenta Julia y la tormenta Bonnie en la reparación de la pista”, explicó el fiscal.

La inclusión en el decreto permitió que las obras en el aeropuerto se hicieran por vía de excepción, es decir, sin el montón de papeles que son regulados por la Contraloría General de la República.

A la empresa que le dieron la adjudicación fue a Meco por una contratación por $39.9 millones, pero al final la plata ni alcanzó y según Díaz el país tuvo que pedir un préstamo al BCIE.

Pero no solo se vino la deuda, ya que según Díaz se quitaron recursos para personas que sí necesitaban atención en esa emergencia. Además, la reparación a la pista fue como un “caldillo de pollo”, apenas para el gasto.

“Se adjudicó el contrato respectivo a la empresa MECO, esta presentó ciertos incumplimientos que fueron advertidos por la unidad ejecutora de la Dirección General de Aviación Civil. Ante estos incumplimientos y la retención de los pagos, esta empresa constructora hizo una nueva propuesta de Ingeniería Valor en la cual se proponía un nuevo diseño”, explicó Díaz.

Pero los ingenieros a cargo no estuvieron de acuerdo porque ese diseño no otorgaban ningún valor y no había ningún beneficio para la hacienda pública.

“Luego de varias presiones por parte de los imputados, es que el ingeniero Mauricio Batalla, también en calidad de Ministro de Obras Públicas y Transportes, es que firma este nuevo diseño que fue presentado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y es así como se continúa la obra, dándose así un perjuicio para la hacienda pública”, indicó Díaz.

Más involucrados

La Fiscalía detalló que las modificaciones llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. Pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras.

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En este caso salieron rascando varios jerarcas, Luis Amador exministro de Obras Públicas y Transportes fue despedido por el presidente Rodrigo Chaves. Amador fue quien adjudicó el proyecto a MECO, y varias veces ha asegurado que fue por presión del presidente.

También la exministra de la Presidencia Natalia Díaz, ya que su firma aparece en la ampliación del decreto de emergencia de la tormenta Bonnie.

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El exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo, también es investigado por las irregularidades encontradas en el caso.

Sin embargo, ninguno de ellos, Amador, Díaz y Naranjo, están entre los detenidos de este martes, pero sí son investigados.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, también es sospechoso en este caso, pero lo investigan en una causa por separado.

Los delitos por los cuales son investigados los sospechosos son por presunto tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.

Los que sí fueron detenidos este martes fueron Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes, él cayó en su casa en Curridabat, y según la Fiscalía, modificó el contrato de reparación de la pista de aterrizaje, lo que habría favorecido a la constructora.

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Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). En su caso, él, aparentemente, pidió que se metiera a Liberia entre los afectados por la tormenta Bonnie y el paso de las ondas tropicales 11 y 12. Eso permitió que la obra se adjudicara, sin concurso público, a MECO.

El otro detenido es Henry Villalobos, fiscal de la CNE, a él lo investigan para determinar si cumplió con sus deberes, en cuanto a cómo se desarrolló la obra.

Mientras que a Marcos Castillo, director de Aviación Civil, se le señala porque, supuestamente, él impulsó que se aprobara la modificación que se hizo, que recortaba las obras y que favorecía a la empresa constructora.

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Las casas de los jerarcas fueron allanadas. Además, tres oficinas en la Dirección General de Aviación Civil , siete oficinas en la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuatro puntos en la Constructora MECO, uno en Ingeniería Técnica de Proyectos, así como en Ingeniería de Pavimentos.

Los cuatro imputados detenidos fueron llevados al Segundo Circuito Judicial de San José, donde les tomarán la declaración y luego se valorará la necesidad de solicitar medidas cautelares.