EscucharEl Poder Judicial informó que un recorte de ₡3.053 millones aplicado por el Ministerio de Hacienda comprometerá las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la atención a víctimas de delitos.
La disminución representa un 42% del presupuesto destinado a gastos operativos para lo que resta de 2026 y se suma a los ₡13.220 millones que la Corte Plena acordó devolver al Gobierno el pasado 27 de junio. En total, la reducción del presupuesto institucional alcanzará ₡16.273 millones.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, calificó la situación como muy crítica y aseguró que la decisión tendrá consecuencias directas en la prestación de los servicios.
Por su parte, el director interino del OIJ, Michael Soto, advirtió que los efectos podrían empezar a sentirse a partir de diciembre. Entre las principales afectaciones mencionó la compra de combustible para las unidades utilizadas en operativos, el traslado de detenidos, el pago de viáticos para agentes judiciales y eventuales retrasos en investigaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.
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Mientras tanto, el fiscal general, Carlo Díaz, señaló que el Ministerio Público también enfrentará dificultades para contratar dictámenes periciales, lo que incluso podría obligar a familiares de víctimas a asumir esos costos para que algunos casos continúen avanzando.
Díaz alertó sobre posibles problemas para financiar traducciones de documentos, interpretación de Lesco y lenguas indígenas, lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado, investigaciones de transporte de familiares de escasos recursos a juicios, servicios funerarios, mantenimiento de oficinas y equipos.
