Alejandra Portuguez Morales.31 julio

Un policía municipal, de apellidos Córdoba Núñez, de 32 años, enfrentará a la justicia acusado por el homicidio de Odalia Ramírez Barrantes, su compañera sentimental.

Odalia, de 23 años, fue vista por última vez al mediodía del sábado 17 de noviembre del 2018, desde entonces su paradero es un misterio. Las autoridades saben que la pareja tuvo una fuerte discusión y luego no se volvió a saber nada de la joven.

La familia de la muchacha no la pudo sepultar porque su cuerpo nunca apareció, pero le han dedicado misas y le hacen rosarios.

El Ministerio Público de Santa Cruz, Guanacaste, lo acusa por el delito de homicidio y el juicio arranca el próximo martes 18 de agosto. Córdoba Núñez permanece en prisión preventiva.

Doña Guiselle Barrantes, mamá de Odalia, expresó que han sido casi dos años de tristeza y confía en las justicia terrenal y divina.

“Si a él lo tienen encerrado por algo será, las autoridades deben de tener sus pruebas”, dijo esta valiente madre.

Odalia Ramírez desapareció desde el 2018, su familia y la Fiscalía la da por fallecida luego de que tuviera un fuerte pleito con su novio. Foto: OIJ
Odalia Ramírez desapareció desde el 2018, su familia y la Fiscalía la da por fallecida luego de que tuviera un fuerte pleito con su novio. Foto: OIJ

Según trascendió, a Córdoba lo vieron con arañazos y golpes un día después de la desaparición de Odalia, en ese momento fue cuando el OIJ recibió la denuncia por la desaparición.

A ella de cariño le decían “la China” y tenía pocos meses viviendo con Córdoba. En apariencia, antes de su desaparición, ella recibió un dinero por la liquidación de su trabajo como cajera y su pareja al parecer le exigía ese dinero, algo que no fue confirmado por las autoridades.

Los allegados dicen que les gustaría que Córdoba, en caso de que la haya asesinado, les diga dónde la dejó y así poder despedirla como todas las personas merecen.

El juicio por la muerte de Odalia se llevará a cabo en los Tribunales de Santa Cruz, Guanacaste. Fotos: Archivo
El juicio por la muerte de Odalia se llevará a cabo en los Tribunales de Santa Cruz, Guanacaste. Fotos: Archivo
Pendiente otro juicio con Concusión

Este no es el único juicio que deberá enfrentar Córdoba, ya que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz envió al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José una acusación y solicitud de apertura a juicio en su contra por tres delitos de concusión (cuando un funcionario público hace uso de su cargo para exigir dinero a personas), desde marzo del 2019.

La fecha de este otro debate no ha sido definida.

Antes de que lo enviaran a prisión preventiva, a Córdoba lo suspendieron de su cargo como policía Municipal, luego de que le abrieran una investigación por presuntos cobros ilegales que habría hecho o intentado hacer a dos comerciantes de la zona.

Esta indagación comenzó el lunes 5 de noviembre del 2018, días antes de la desaparición de Odalia.

La Fiscalía afirma que el sábado 29 de setiembre del 2018, dos oficiales de la Policía Municipal de Santa Cruz hicieron un parte al dueño de un bar por no contar con permisos. En apariencia, después de esto, Córdoba habría llegado hasta el local ofreciendo eliminar las infracciones a cambio de dinero.

Córdoba, supuestamente, pidió 80 mil colones para pagarle a los policías que hicieron el parte, además de 40 mil colones que fueran consumibles en licor.

Según se sospecha, el imputado volvió al establecimiento y cuando los dependientes se negaron a darle el guaro gratis, habría llamado al dueño para quejarse y hacerle ver que el bar era objetivo de la Municipalidad, a lo que el denunciante le pidió que le diera tiempo para conseguir dinero.

Otro de los casos habría ocurrido el 1º de junio del 2018, cuando supuestamente llegó a un baile en el bar Arado, en Santa Cruz, propiedad de un chino quien contaba con los permisos requeridos. Según la investigación, Córdoba habría llegado en un carro particular y vestido con uniforme oficial.

El oficial, en apariencia, le dijo al dueño que el permiso del Ministerio de Salud estaba vencido y clausuraría el local si no le entregaba ¢60 mil; sin embargo, el dueño se negó a pagar.