Policía penitenciario que habría intentado meter droga a cárcel no recibió medidas cautelares

Al ministro de Justicia, Gerald Campos, no le cayó nada bien que las autoridades judiciales no le interpusieran medidas cautelares a un policía penitenciario de apellidos Rojas Chaves, sospechoso de intentar meter cocaína para los reos de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

La Fiscalía de Flagrancia de Alajuela informó que el caso está en manos del Tribunal de Flagrancia de la zona.

“Tras valorarse los arraigos procesales (laboral, familiar y domiciliar), así como que la persona sospechosa no cuenta con antecedentes penales, se determinó que, por ahora, puede continuar apegada al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares. Lo anterior, por no existir, hasta este momento, peligros procesales que pongan en riesgo el desarrollo del caso”, aseguraron en la oficina de prensa del Ministerio Público.

Agregaron que la audiencia por este caso se llevará a cabo el próximo 13 de julio.

Al él lo sorprendieron el lunes anterior, cuando iba a entrar a la cárcel para trabajar, junto con otro oficial penitenciario de apellido Espinoza, quien supuestamente llevaba celulares y un router para los privados de libertad; sin embargo, a este último solo se le lleva un proceso interno ya que meter medios electrónicos a la prisión no es delito.

El ministro de Justicia dijo que habrá cero tolerancia para los actos de corrupción y asegura que le preocupa que el sospechoso no recibiera medidas cautelares.

“Es inaceptable tener compañeros, en este caso trabajadores penitenciarios, que se aprovechen de su condición e intenten ingresar droga a la cárcel.

“Soy respetuoso de las garantías constitucionales, pero me preocupa el hecho de que si hay una denuncia y tenemos la evidencia, no se haya impuesto alguna medida, por lo menos que se le impida a la persona presentarse al centro penitenciario”, sostuvo Campos.

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Agregó que internamente se ordenó la apertura de la investigación disciplinaria mientras continúan con la investigación judicial.

“Consideramos inoportuno e inconveniente ya que la función es delicada y necesitamos garantizar la seguridad de los demás compañeros, no queremos en esta Policía personas que estén con otros intereses, que sean parte eventualmente hasta de crimen organizado.

“Se ordenó la apertura de la investigación disciplinaria, ver si se puede disponer de una suspensión aunque sea con goce de salario como una medida de contención a los demás funcionarios”, concluyó el ministro.