Dicen que el policía nace, no se hace.

Es por eso que don Reynaldo García Picado, de 51 años, desearía estar reforzando las acciones policiales para hacer cumplir las medidas sanitarias contra el COVID-19.

Él es un oficial de Fronteras de la Fuerza Pública a quien le amputaron el brazo izquierdo mientras atendían un caso de violencia doméstica en barrio El Carmen, en Upala de Alajuela, el 25 de noviembre del 2011.

A raíz del accidente laboral, García tuvo que pensionarse por invalidez en el 2014, de lo contrario, asegura, sería uno de los primeros oficiales vigilando la frontera.

“Mi intención era seguir trabajando, pero luego de pensarlo bien vi que lo mejor era pensionarme por algunas situaciones que se presentaron”, explica García.

El policía dice que extraña mucho su trabajo y hasta se ha soñado vistiendo el uniforme de la Fuerza Pública en más de una oportunidad.

“Hasta me he soñado cumpliendo con mis funciones y sí lo extraño bastante, mi trabajo me encantaba, daba todo por él y si fuera el caso de que siguiera trabajando, aún en la condición que estoy (sin el brazo) ahí estaría en primera fila”, expresa.

García lamenta ver que algunas personas les faltan el respeto a las autoridades, sobre todo en un momento tan difícil, no solo a nivel nacional y que ha cobrado la vida de muchas personas en el mundo.

“Una de las cosas que siempre dije, incluso en el presente lo sostengo, y es que me molesta que las personas hablen mal de los cuerpos policiales, porque este es un trabajo que exige demasiado, empezando por los horarios.

"Ser policía es estar expuesto a todo y sé que ahorita quienes fueron mis compañeros están arriesgando sus vidas para controlar a las personas que no hacen caso”, manifestó García.

Por su parte, prefiere obedecer y desde marzo, que el país afronta esta situación, se aisló junto a su esposa en la casa.

Cuenta que después de pensionarse ha tratado de seguir con una vida normal, todavía maneja carro y aprendió muchas otras cosas.

Por ejemplo, aprendió a hacer artesanías y en eso invirtió la mayor cantidad de su tiempo durante esta cuarentena.

No guarda rencor

García dice que no le guarda ningún tipo de rencor a Iván Hernández Espinoza, quien, en un ataque de histeria, lo hizo perder el brazo y hasta atentó contra su vida.

“En el trabajo como policía vi muchas cosas, personas que cometen errores estando en un momento de cólera, eso no significa que yo no los tenga, pero he tratado de ir controlando mi carácter, a este señor (Hernández) no le he guardado rencor, tuvimos un juicio, a él lo condenaron por lo que hizo y desde que entré a la Policía me había mentalizado que uno está expuesto a estas situaciones”.

García dice que es un milagro que él siga vivo, pues muchos compañeros suyos han fallecido en el cumplimiento del deber.

"Actualmente muchos están exponiendo sus vidas enfrentaron esto del COVID-19, por lo que he tratado de sacarme esa situación de la cabeza (el ataque que sufrió) y no pensar en cosas negativas, a él no le guardo rencor, sí espero que se mantenga alejado para no tener ningún problema”, dice este valiente hombre.

Trago amargo

Don Reynaldo sufrió la agresión cuando fue a atender un llamado de emergencia que hizo una señora de apellido Lara, al 911, que denunció que su esposo la amenazó a ella y a su hijo.

Cuando el policía llegó hasta saludó con la mano a Hernández e intentó tranquilizar la situación.

Hernández dijo que lo echaron de la casa y que lo querían dejar en ruinas, por lo que quería entrar a la vivienda, pero no podía por la denuncia que había.

García le dijo que no complicara más la situación, pero segundos después recibió un golpe en el lado izquierdo de la cabeza.

El agresor lo persiguió con un machete, García metió el brazo izquierdo para defenderse y cuando sacó una pistola para defenderse vio que había perdido parte de la extremidad con la que se defendió.

Como un pedazo del brazo quedó en el suelo, Hernández lo agarró y se lo tiró en los pies al policía.

El 4 de abril del 2013 el Tribunal Penal de San Carlos, en Alajuela, condenó al vecino de Upala, a 30 años de cárcel.

Asimismo, se le condenó a cinco años más por amenazas contra su esposa y por resistencia agravada. Los jueces también lo condenaron a pagar ¢84 millones.