Procuraduría pide ¢138 mil millones por supuesto daño social causado en caso Cementazo-Banco Popular

La Procuraduría de la Ética Pública presentó una acción civil resarcitoria para solicitar el pago de ¢138 mil millones por el daño social que habrían causado los supuestos actos de corrupción cometidos en el caso conocido como Cementazo-Banco Popular.

Así lo dio a conocer esta institución la mañana de este jueves, en el inicio de la audiencia preliminar en la que se determinará si el caso es elevado a juicio o no. Las autoridades estiman que la audiencia se extenderá por al menos tres meses.

Los acusados en esta causa son el empresario Juan Carlos Bolaños, su esposa apellidada Suárez Aguilar, dos exgerentes de la empresa Sinocem de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga; y cinco funcionarios del Banco Popular apellidados Bogantes Brenes, Gómez Barrantes, Thompson Camacho, Delgado Negrini y Arias Silesky.

Estas personas son investigadas por los presuntos delitos de tráfico de influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

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La Procuraduría de la Ética Pública señaló que la millonaria demanda está dirigida contra los nueve acusados así como contra las empresas que estos representaban, que son Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A., JCB Constructora y Alquiler S.A., JCB Distribuidora S.A., y Sinocem Costa Rica S.A.

Según el Ministerio Público, entre el 2016 y el 2017 los sospechosos realizaron acciones para lesionar los intereses patrimoniales de Hacienda y del interés público por medio de la apertura de una línea crediticia de $5 millones otorgada a la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB para importar y comercializar cemento chino.

Al parecer, los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron el trámite a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago.

La investigación también determinó que, en apariencia, Bogantes, Gómez y Bolaños habrían acordado ser socios comerciales en la venta de cemento importado de China.

Además, las pesquisas realizadas por la Fiscalía arrojaron que con el dinero que desembolsó el Banco Popular nunca se importó cemento.