Sucesos

Proyecto de ley obligaría a iglesias a pagar por delitos de sus sacerdotes y pastores

Alianza Evángelica ve dicha reforma como algo desproporcional, ya que para ellos la persona es la que debe responder.

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Recordemos el caso del “Pastor de los ricos”, Carlos Chavarría Fonseca, quien fue condenado a 36 años de cárcel en agosto del 2021, por tres delitos de violación calificada y cinco de abuso sexual agravado en perjuicio de cinco “discípulas” de su congregación en agosto del 2021.

Chavarría, quien era el líder de la iglesia Generación 3:16, también fue condenado a pagar ¢10 millones a dos hermanas y ¢2 millones a la otra víctima por los daños morales causados.

Si en ese momento hubiera estado rigiendo una modificación que pretenden los diputados al artículo 106 del Código Penal, la iglesia de Chavarría también hubiera tenido que pagar a las víctimas una cifra millonaria por daños y perjuicios.

El proyecto de ley 21.391 fue respaldado, por mayoría, por los legisladores de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa el pasado miércoles. Y también abarca a la Iglesia católica.

“En casos de violación religiosa, generalmente los agresores no tienen fortuna y las indemnizaciones resultan incobrables, pues no existe norma alguna que obligue a sus iglesias y organizaciones religiosas a cubrir esas indemnizaciones”, justifica el diputado independiente Erick Rodríguez Steller, promotor de la iniciativa.

En otros países así funcionan los castigos para los religiosos involucrados en delitos sexuales o de otra naturaleza. Sus iglesias se van en combo.

La modificación tambien pretende que las iglesias también paguen por cualquier otro delito, no solo sexual, en que el sentenciado sea un sacerdote o un pastor.

La reforma incluirá: “las iglesias, organizaciones y asociaciones religiosas, así como las personas jurídicas que utilicen para sus negocios, actividades y dueñas de sus inmuebles, cuyos representantes, sacerdotes, pastores o ministros religiosos cometan un hecho punible”.

La diputada Paola Vega también ve con buenos ojos la reforma.

“Si la Iglesia católica encubre a un sacerdote, este enfrenta el proceso penal, pero la iglesia debe asumir la responsabilidad solidaria para resarcir los daños a la víctima. Sobran muchísimos casos de este tipo”, enfatizó.

Sobre esta reforma La Teja consultó a la Iglesia católica por medio de la Conferencia Episcopal y solo enviaron un breve comunicado: “La iglesia no se va a referir al tema por el momento. Se está estudiando el proyecto”.

Jorge Gómez Varela, presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, aseguró que la situación les parece desproporcionada.

“Como Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), nosotros lamentamos todos los casos de abuso sexual que se generan en el mundo y especialmente en Costa Rica, sin importar el contexto donde sucedan. Afiliamos a cientos de iglesias y organizaciones cristianas que acompañan los efectos de este flagelo social y consideramos que todo delito de este tipo debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar la persona que lo haya cometido.

“Quienes cometan estos delitos y se compruebe luego de un proceso judicial, deben responder con sus bienes ante cualquier resarcimiento derivado de sus acciones en el ámbito privado y los efectos jurídicos que esto les acarreé. No deben bajo ninguna circunstancia ser las iglesias o asociaciones cristianas las que deban responder ante estos temas, que repetimos, son de carácter privado”, enfatizó Gómez.

Aseguró que las iglesias no solamente tienen personas asalariadas, muchos miembros son colaboradores.

“Esto sería abrir un portillo en este tema, al hacer responsables a las iglesias de asuntos que directamente no le corresponden, esta situación pondría la responsabilidad en las organizaciones cristianas de cualquier actuación de un feligrés en su vida privada. Situación que a todas luces carece de toda proporcionalidad y adecuación”, agregó Gómez.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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