Que no lo bailen: "Mataron a mi hijo y aún no se sabe quién lo hizo"

El Estado de Costa Rica tiene la obligación de investigar aquellas muertes que no son por razones naturales, sino que se dan como resultado de la acción de un tercero. La investigación se realiza por medio de la Policía y el Ministerio Público.

Este tipo de acción se da con dolo, es decir que la persona sabía lo que iba a hacer y lo hace toda la intensión, o por culpa, casos en los que la persona no quería matar a la otra persona.

Si no se sabe quién realizó el crimen será necesario que inicie un contra ignorado, que se puede hacer con el simple reporte del hospital o con el levantamiento del cadáver, el cual debe hacerlo un juez de la República para que la escena se preserve lo más posible, con respecto a la hora de muerte, el lugar e indicios como armas, pelos y manchas de sangre, entre muchos otros.

Sin embargo, cuando las personas que son buscadas por la policía aparecen muertas, como recientemente sucedió con el “Gringo” el asunto es una alarma con respecto a la inseguridad nacional.

El Estado de Costa Rica puede ser demandado por no realizar la investigación, y con más razón cuando la última vez que vieron con vida se encontraba con agentes del estado (policías, autoridades o funcionarios).

Esto se conoce como desapariciones forzosas y existe una legislación internacional que obliga al Estado a cumplirla, ya que la ratificó.

Esto obliga a investigar lo que existe detrás de cada homicidio. La falta de diligencia en la investigación y la impunidad permiten que pueda demandarse al Estado, por la falta de medidas preventivas y también por la ausencia de una investigación en cada caso.

Justificar una muerte y no investigarla, porque supuestamente obedece a luchas narcos es un motivo para cuestionar las investigaciones, porque una respuesta así nunca debería darse.