La captura de Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo, marca uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en Costa Rica en los últimos años.
El hombre era considerado por las autoridades como el más buscado del país y figuraba en investigaciones nacionales e internacionales por su presunto vínculo con el narcotráfico y otros delitos.
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De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de investigaciones divulgadas por autoridades estadounidenses, Arias Monge es señalado como el presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, la legitimación de capitales, los homicidios y el sicariato.
Un objetivo prioritario de las autoridades
Durante varios años permaneció prófugo y, según las investigaciones, se desplazaba constantemente por zonas de difícil acceso cercanas a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, lo que complicó su localización.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 500.000 dólares por información que permitiera su captura, al considerar que la organización que presuntamente dirigía participaba en el traslado de drogas desde Colombia, pasando por Centroamérica, hasta México, con destino final a territorio estadounidense.
Las autoridades también lo relacionan con hechos violentos ocurridos principalmente en Pococí, así como en otras comunidades de la provincia de Limón y la Zona Norte.
El OIJ confirmó este viernes la detención de Arias Monge durante un operativo realizado en Horquetas de Río Frío, Sarapiquí. Según la información oficial, la intervención derivó en un enfrentamiento en el que varios agentes judiciales resultaron heridos.
Datos personales
De acuerdo con información pública disponible en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Alejandro Arias Monge nació el 19 de setiembre de 1984 en Guápiles, cantón de Pococí, por lo que tiene 41 años.
Asimismo, los registros públicos del TSE indican que es padre de tres hijos con distintas madres y no registra matrimonios inscritos.
Las autoridades deberán ahora continuar con el proceso judicial correspondiente y determinar los siguientes pasos en la investigación.

