Por: Adrían Galeano Calvo.   21 abril
La ministra de Justicia y el ministro de Seguridad dieron a conocer la medida en una transmisión de Facebook Live. Foto Ministerio de Justicia.

Los reos con factores de riesgo que los hagan más vulnerables a contagiarse de COVID-19 tendrán la opción de salir de las cárceles para pasar a un régimen semiinsticional en sus hogares por un plazo de tres meses.

Esta es la medida que el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Criminología (INC) están tomando para acatar la orden dada por tres Juzgados de Ejecución de la Pena ante la situación que se vive por el coronavirus.

Así lo dio a conocer este martes Fiorella Salazar, ministra de Justicia, quien estuvo acompañada por Michael Soto, ministro de Seguridad Pública.

Salazar explicó que los juzgados le ordenaron al Instituto Nacional de Criminología hacer revisiones extraordinarias para sacar lo antes posible a los reos más propensos al virus y así evitar una crisis carcelaria.

¿Quiénes sí?

Los reos que podrían beneficiarse con esta medida son aquellos que presenten insuficiencia renal crónica, enfermedades cardíacas, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, enfermedad pulmonar con obstrución y asma bronquial.

Lo mismo aquellos con hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, pacientes de oncología, personas mayores de 65 años y mujeres embarazadas o con niños en módulos de maternidad en centros penales.

Salazar dijo que aún no tienen un estimado de cuántos reos podrían salir, ni de cuándo se podría empezar a aplicar la medida ya que apenas este martes dieron la orden de que se inicien los estudios de cada caso.

Estudio detallado

Para elegir cuáles reos saldrán de la cárcel se usará un criterio basado en sus condiciones de salud.

Sin embargo, la ministra fue clara al decir que el Instituto Nacional de Criminología también hará un estudio detallado para no sacar a reos peligrosos.

“Las personas candidatas no pueden tener otra sentencia pendiente, además se analizará todo el perfil del cumplimiento de su pena y la evolución que haya tenido. Nos interesa que la persona evaluada no sea considerada un peligro para sí misma, las personas cercanas y la sociedad”, dijo.

Entre los criterios a tomar en cuenta estará que el reo cuente con apoyo externo, es decir, que tenga una casa donde quedarse y, de ser posible, un trabajo.

También debe tener buenos resultados en los análisis psicológicos y de conducta y se debe determinar que su paso al régimen semiinstitucional no represente un riesgo para las víctimas directas e indirectas de los delitos que haya cometido.

La ministra dijo que los reos no podrán ser excluidos del análisis a raíz del delito que hayan cometido, pero dijo que harán un estudio para no beneficiar a los que sean considerados un peligro.
La decisión de los jueces en parte se debe la hacinamiento carcelario en el país. Foto: Justicia.
Penas cortas

En la medida también se tomarán en cuenta a los reos de libertad con “penas cortas”, es decir, a los que les restan tres meses o menos para cumplir la sentencia.

La ministra señaló que estas personas no pasarán de forma automática al régimen semiinstitucional ya que también se les hará un estudio para determinar si cumplen con todos los requisitos para optar por el beneficio.

En cuanto a si los reos usarán tobilleras electrónicas, Salazar dijo que ni el ministerio ni el Instituto Nacional de Criminología pueden decidir eso, ya que lo definen los jueces de ejecución de la pena.

Medida temporal

La ministra también señaló que esta nueva medida no es permanente.

El plan es que se aplique por tres meses mientras se realiza un análisis de cómo evoluciona la situación del COVID-19 en el país.

“La persona que cumpla con la parte de salud y el análisis técnico podría salir con esta medida temporal, a los tres meses se haría una revaloración de los resultados y de la situación sanitaria del país para determinar si se debe extender”, añadió la ministra.

Los reos que incumplan las medidas que les dicte un juez durante este período o cometan nuevo delito serán devueltos de forma inmediata a la cárcel.

“No me hace feliz”

“La situación no me hace feliz”, fue una de las frases del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, al anunciar la medida.

Soto dijo que comprendía las órdenes y lo que significaba no acatarlas, pero en ningún momento ocultó la preocupación que sentía sobre lo que puede pasar.

“Como responsable de la seguridad del país tengo un nivel de preocupación por este tema. Los índices de criminalidad han venido mejorando y eso tiene que ver con el trabajo policial en las calles”.

El ministro dijo que le pidió a los funcionarios del Instituto Nacional de Criminología hacer valoraciones detalladas y concienzudas, de manera que ningún maleante saque provecho de la situación.

“Es importante que el personal técnico haga un trabajo detallado para no perjudicar el trabajo hecho y no beneficiar a personas relacionadas con crimen organizado, crímenes sexuales o violentos, Hay que velar por la seguridad de los ciudadanos buenos”, detalló.