La audiencia de medidas cautelares por el caso Cochinilla sigue en desarrollo, por lo que 28 personas siguen privadas de libertad en las celdas judiciales hasta que resuelvan sus condiciones.
En total son 30 sospechosos, pero el sábado a dos de ellos los dejaron libres, uno con medidas cautelares y el otro no. Les hicieron una audiencia aparte porque sus defensores tenían otras audiencias programadas con anterioridad con privados de libertad.
Se trató de Juan Carlos Abarca Quesada, gerente operativo de la empresa Also Frutales, y de Luis Alberto Ureña Villalobos, funcionario de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
A Abarca le pusieron como medidas cautelares entregar el pasaporte y firmar cada semana; mientras que para Ureña no hubo medidas.
A los 30 implicados se les investiga por los supuestos delitos en millonarios contratos para obras viales y la presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la cual generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y parte del 2020.
Hasta este domingo solo tres abogados dieron sus alegatos y son 14 defensores en total.
Carolina Lizano Salazar, jueza a cargo de la audiencia de medidas cautelares, presentó un recurso de prisión preventiva instrumental que permite extender la audiencia por el tiempo que sea necesario.