EscucharUna mujer que ocupaba de manera interina el cargo de proveedora judicial fue suspendida de sus funciones y deberá cumplir otras medidas cautelares mientras es investigada por los presuntos delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.
La medida fue ordenada la noche del jueves 1 de octubre por el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, luego de una solicitud planteada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
La funcionaria, de apellido Esquivel, deberá permanecer suspendida del cargo durante seis meses, periodo durante el cual también tendrá que cumplir otras restricciones.
Entre ellas está la obligación de firmar una vez al mes en la FAPTA, el impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del Primer Circuito Judicial de San José.
Además, el juzgado le impuso la prohibición de comunicarse, amenazar o intimidar a los testigos, ya sea de manera directa o indirecta.
¿Qué investiga la Fiscalía?
La investigación está relacionada con dos presuntas modalidades de contrataciones irregulares.
Una de ellas estaría relacionada con la adquisición irregular de bienes y servicios, así como aparentes sobreprecios en obras y mantenimientos mobiliarios.
La segunda modalidad que se investiga tendría que ver con una presunta sustracción directa de fondos mediante anticipos ficticios de caja chica.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió, quiénes habrían participado y cuál habría sido el perjuicio ocasionado.
Las medidas cautelares fueron fijadas por un plazo de seis meses.
