Según un reportaje publicado por The Wall Street Journal la creciente violencia y el narcotráfico en Costa Rica han provocado una guerra política entre el Gobierno y el Poder Judicial, un enfrentamiento que ahora genera preocupación por el futuro de los contrapesos democráticos del país.
El prestigioso medio señala en la nota titulada “La violencia desbocada del narcotráfico desencadena un terremoto político en Costa Rica” que la presidenta Laura Fernández y su partido han responsabilizado al Poder Judicial por parte de la crisis de seguridad.
Fernández cuestionó públicamente por qué la Policía detiene sospechosos que posteriormente son liberados por los tribunales y acusó al Poder Judicial de estar infiltrado por el crimen organizado.
El medio detalla que la confrontación ha escalado en los últimos meses. La mandataria presentó una denuncia penal contra magistrados de la Sala Constitucional en medio de una disputa relacionada con nombramientos judiciales y, posteriormente, su Gobierno impulsó recortes al presupuesto del Poder Judicial.
“Funcionarios del Poder Judicial y políticos de oposición afirman que Fernández y su partido están intentando hacerse con el poder de manera directa. Multitudes de costarricenses salieron a las calles este mes para mostrar su apoyo al Poder Judicial, ondeando carteles con mensajes como: ‘Tenemos miedo de una dictadura’ y ‘No toquen nuestro Poder Judicial independiente’”, detalla el medio.
Funcionarios judiciales y dirigentes de oposición, citados por The Wall Street Journal, consideran que estas acciones representan un intento de concentrar poder.
Carlo Díaz, fiscal general de Costa Rica, advirtió que los recortes presupuestarios podrían generar un escenario de caos que facilite decisiones destinadas a limitar los derechos de los ciudadanos.
La preocupación también alcanzó a organismos internacionales. Según el reportaje, la relatora especial de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, en lo relativo a la independencia de los jueces calificó los recortes como una noticia preocupante.
The Wall Street Journal enmarca la disputa costarricense dentro de una tendencia regional en la que algunos gobiernos latinoamericanos plantean medidas más duras contra el crimen a cambio de reducir determinadas garantías institucionales.
El reportaje recuerda que el país ha sido reconocido durante décadas por su estabilidad democrática, sus elecciones y un sistema de contrapesos entre los poderes del Estado.
Ahora, el aumento de la violencia y el narcotráfico ha abierto una nueva batalla: cómo enfrentar al crimen organizado sin debilitar las instituciones que han caracterizado a la democracia costarricense.
